El compromiso con los derechos humanos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, nunca ha sido muy convincente por dos motivos. Uno consiste en que, antes de instalarse los Kirchner en la Casa Rosada, no manifestaron ningún interés en el tema; otro es que si bien han querido asegurar que los secuestradores, torturadores y asesinos militares recibieran lo merecido por los delitos que perpetraron, su actitud hacia las bandas terroristas que compartían los mismos valores ha sido mucho más indulgente. Lejos de condenar a sus miembros por su aporte fundamental a los horrores de los años setenta, en diversas ocasiones han parecido reivindicarlas, y jamás han vacilado en incorporar a ex montoneros y otros al elenco gubernamental. Huelga decir que la politización resultante ha socavado su autoridad moral, ya que los militares y sus amigos distan de ser los únicos que se preguntan cómo es que consiguen reconciliar su autoproclamada veneración por la vida y la dignidad humana con su voluntad de exculpar por completo a sujetos que, al igual que los esbirros de la dictadura, secuestraron y asesinaron por motivos netamente políticos. Entre los indignados por la contradicción así supuesta están los dirigentes sindicales encabezados por el camionero Hugo Moyano, que impulsaron la reapertura de la causa del asesinato, por los montoneros hace 35 años de José Ignacio Rucci, en aquel entonces el secretario general de la CGT y uno de los aliados principales del presidente Juan Domingo Perón. Aunque en los años que siguieron a muchos les convino endosar el crimen a la aún embrionaria Triple-A, la verdad es que no había muchas dudas de que los autores eran integrantes de la "juventud maravillosa" en guerra contra "la burocracia sindical" y "los gorilas" que a su entender rodeaban al presidente. A raíz de algunas investigaciones periodísticas, ya no tiene mucho sentido continuar insistiendo en que los montoneros no fueron responsables de la muerte de Rucci y también, no lo olvidemos, de muchas otras personas.

Aunque al recordar a Rucci a 35 años del asesinato, Moyano se afirmó contrario a que la dirigencia gremial "cayera en la disputa jurídica de si era un crimen de lesa humanidad", se esforzó por reactivar el caso y quiere que, si los responsables aún están vivos vayan a la cárcel. Mientras que en el resto del mundo se ha ampliado el concepto de crímenes de lesa humanidad, que por lo tanto son imprescriptibles, para que abarque a todos los cometidos por organizaciones con fines políticos o religiosos aun cuando no dominen por completo un territorio determinado, en nuestro país los juristas se aferran a la idea de que los únicos capaces de perpetrarlos son los empleados por un Estado establecido, de este modo discriminando entre los militares y los terroristas no oficiales. Con todo, este esquema que tanto le conviene al gobierno kirchnerista se ha visto cuestionado últimamente por el interés tardío por las actividades salvajes de la Triple-A, una organización "ultraderechista" formada por el en aquel entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, cuando Perón era presidente. Por tratarse de una organización paraestatal, cuando no estatal a secas, en buena lógica no debería existir ninguna diferencia entre el status legal de sus integrantes -incluyendo al mismísimo Perón por su condición de jefe de Estado-, y aquel de los militares.

El hijo de Rucci espera contar con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos. Puede que algunas colaboren con la investigación pero otras, las más notorias, no tendrán interés alguno en que la Justicia aclare uno de los episodios más truculentos de los años setenta. Están tan politizadas que para ellas los únicos asesinatos malos fueron los llevados a cabo por los uniformados. Se trata de una mentalidad que es muy similar a aquella de los jefes militares que también discriminaban, si bien en el sentido contrario, entre los crímenes cometidos por sus propias fuerzas y los cometidos por terroristas de ideas supuestamente izquierdistas. Para quienes piensan de este modo, los derechos humanos son lo de menos ya que en su opinión todo depende de la ideología; desde su punto de vista, lo que realmente importa no es lo que una persona hace, por aberrante que ello fuera, sino sus preferencias políticas.