Ah... las antinomias, con votos a los acólitos de Maniqueo. Son tan argentinas como el dulce de leche. Uno podría remontarse a unitarios y federales, civilización y barbarie, Boca o River, porque en el fondo hay algo tristemente futbolero en esas tribunas irreconciliables. Es como si hubiese que estar siempre a favor o en contra, una actitud que termina por impregnarlo todo.

En San Martín de los Andes se desató una polémica por un proyecto para la construcción de un centro de estudios y complejo habitacional en La Vega, lugar medianamente protegido por la actual normativa. Es un humedal y actúa como regulador hídrico natural, de modo que hay quienes creen que toda protección es poca. Algunos dicen que la factibilidad del proyecto en cuestión fue aprobada de forma irregular, y que en su actual configuración impactaría sobre el ecosistema. Otros aseguran que nada de eso ocurrirá y que el mallín será preservado. Pero ese debate no es el objeto de interés de esta columna, sino apenas un aspecto de la disputa que ha provocado. En declaraciones, mensajes y correos con forma de cadena, se habla por estos días de las "excepciones", cual demonios del abismo.

¡Basta de excepciones a las ordenanzas! se afirma con fastidio, a propósito del futuro de La Vega. Desde luego, el incumplimiento sistemático de la ley está en la raíz de los males argentinos. Pero una cosa es incumplir la norma a despecho de la honestidad, y otra muy distinta, suponer que no existe flexibilidad en la misma ley; que el instrumento legal no deja resquicio a la interpretación; que se comporta como mandato divino. Las ordenanzas y particularmente los códigos urbanos, no pueden prever la multitud de casos presentes y futuros. Fijan, sí, principios que se aplican cuando el hecho puntual no fue previsto.

Desafortunadamente, la distorsión enfermiza de esa verdad se transforma en festival de excepciones, cuando no de la peor corrupción política, como lo atestiguan en muchos municipios los sonados casos de compra y venta de dispensas.

En San Martín hay un sistema diferenciado. Para asuntos de pequeña cuantía se solicita un informe técnico y, si el pedido resulta razonable, se autoriza. Para intervenciones de mayor envergadura, con algo de eufemismo, es cierto, las excepciones se tratan bajo la figura de "producto urbanístico". Eventualmente, implica compensar la excepción con algún elemento superador, lo que obliga a un ida y vuelta entre el proyectista y el municipio y a un dictamen previo de una comisión técnica asesora.

Con todo, ha habido innumerables polémicas y los resultados no siempre han sido los mejores; pero incluso con sus costados flacos, ese sistema es mejor que el otorgamiento llano y político de las excepciones, porque obliga a pasar un tamiz más fino.

Pero el caso no es estar a favor o en contra de las excepciones pues éstas no son buenas o malas en sí mismas. Son un principio que la norma necesita para perfeccionarse. Lo que no puede aceptarse es el manejo discrecional y liviano de las excepciones. O de lo que fuere, tratándose de decisiones de gobierno.

FERNANDO BRAVO

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