La Justicia reabrió el crimen de José Ignacio Rucci, el secretario de la CGT que fue asesinado hace 35 años, aceptó como querellantes a los hijos del gremialista y ordenó una serie de medidas de prueba para investigar el homicidio que se le atribuye a la organización Montoneros.

Así lo resolvió ayer el juez federal Ariel Lijo, quien como primera medida ordenó citar para el jueves próximo a declaración testimonial al periodista Ceferino Reato, autor de un libro "Operación Traviata", de reciente publicación.

"Estaba segura que esto iba a pasar. Ahora empieza la parte más complicada", dijo ayer Claudia Rucci, hija del sindicalista al enterarse la novedad por un llamado de esta agencia.

Por su parte, su abogado, Jorge Casanovas, aseguró que "todavía no se iba a plantear el crimen de lesa humanidad" y que con que se impulsaran las medidas para reabrir el crimen bastaba para poder avanzar.

"Es una bocanada de aire fresco que la justicia le debía a la familia Rucci -dijo Casanovas-.

Por ahora hemos pedido ser querellantes y escuchar a Reato y veremos de avanzar paso a paso".

Se trata de esclarecer el crimen que ocurrió sobre el mediodía del 25 de setiembre de 1973, cuando Rucci -secretario general de la CGT y entonces un fuerte aliado del ex presidente Juan Domingo Perón- fue acribillaron con 23 balazos, cuando salía de su casa en el barrio de Flores, en una emboscada en la que también fueron fusilados sus dos custodios.

En los últimos días, ante el 35 aniversario de la muerte de Rucci, desde la CGT habían salido a exigir Justicia para este crimen: "si la Justicia no lo es para todos, no es Justicia, es parcial", dijo el sindicalista Hugo Moyano al reclamar "juzgar a todos los que asesinaron y mataron impunemente a estos dirigentes y a todos los demás".

Según Reato, el crimen de Rucci se convirtió en "prueba de fuego: un atentado hecho por Montoneros pero inducido por miembros de las FAR, que eran quienes tenían en carpeta al líder sindical".

Precisamente, el fiscal Patricio Evers avaló el reclamo de Claudio y Aníbal Rucci, hijos del jefe gremial, para impulsar la reapertura de la causa, y de inmediato el juez federal Lijo firmó el desarchivo de la causa que estaba paralizada desde 1989.

Hasta ahora los hermanos Rucci habían dado por sentado que a su padre lo habría asesinado la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) y, por ello, en 1998, cobraron la indemnización que la ley 24.411 consagra para los familiares de las víctimas de esa banda paraestatal y del terrorismo de Estado de la dictadura militar.

La clave está en un libro

Incluso en el expediente judicial hay un testimonio de Juan Carlos Juncos, quien fuera custodio del ministro de Bienestar Social, José López Rega, y en 1984 aseguró que su superior había ordenado la ejecución de Rucci a la banda terrorista paraestatal Triple A, que él dirigía.

Sin embargo, el libro "Operación Traviata", de Ceferino Reato, contiene testimonios que no dudan en atribuir el ataque a la organización Montoneros: incluso identifican al francotirador como Juan Julio Roqué -dirigente montonero muerto en 1976 durante un combate con militares-, y aseguran que dos de los miembros del pelotón aún se encuentran con vida.

Frente a ello, los hijos de Rucci, con su abogado, plantearon la reapertura de la investigación y ayer se hizo lugar al pedido para poder analizar esas nuevas pruebas.

"Según este libro de Reato, el crimen de mi padre fue obra de la cúpula montonera, que decidió tirarle un cadáver al general Perón para demostrarle que debía tenerlos en cuenta (en el reparto del poder) y lo cometieron", declaró Aníbal Rucci. (DyN)