QUITO.- Tras una intensa campaña de 45 días sin hechos de violencia, Ecuador decidirá mañana un cambio constitucional, el vigésimo de su vida republicana, que dará paso a una modificación estructural promovida desde el gobierno de Rafael Correa en un proceso oficialmente llamado "revolución ciudadana".

El mandatario y sus ministros han sido los mayores promotores del apoyo a la nueva Constitución que se votará en este referéndum aprobatorio, el tercer proceso electoral en menos de dos años de gestión de Correa, quien legitima en las urnas sus propuestas para esta nación ávida de un viraje en su vida institucional y política.

Correa disfruta de una amplia popularidad que se sustenta en múltiples ofertas que la oposición tilda de populistas, antitécnicas y sin financiamiento, mientras el gobierno argumenta que bonos y subsidios no tienen relación con la campaña y que son "inversión social".

La abrumadora campaña oficial ha copado espacios de televisión y radio para defender el "sí y mil veces sí" planteado por el presidente como eslogan para aprobar la Carta Política que permitirá, según la versión oficial, reestructurar el Estado ecuatoriano, despolitizar sus instituciones y la selección de altos funcionarios, recuperar recursos naturales para el manejo del Estado y desarrollar una democracia real y de participación de los ciudadanos.

La oposición, reducida y dividida frente a la creciente fortaleza del partido oficialista Alianza País y su máximo líder, Rafael Correa, difiere con el gobierno y plantea que la nueva Constitución fundará un esquema estatista y un sistema de hiperpresidencialismo, otorgando poderes excesivos al mandatario y control sobre los demás poderes del Estado.

Los máximos exponentes de la oposición, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el ex presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez, no se han aliado, cada uno actúa por su lado y el gobierno intenta neutralizarlos minando sus bases de apoyo y advirtiendo, en el caso de Nebot, de supuestas pretensiones separatistas como Santa Cruz, en Bolivia.

La preocupación persistente del sector privado es la incertidumbre ante medidas que pudieran atentar contra la seguridad jurídica y la propiedad privada, así como aumentan los rumores de que la salida de la dolarización, esquema monetario asumido en Ecuador desde enero de 2000, se acerca al ser el propio presidente uno de sus más importantes detractores.

Los medios de comunicación se muestran cautos ante las críticas constantes y duras de Correa, que se van desde la falta de ética y el apoyo a la derecha hasta la ausencia de apego a los hechos y la escasa investigación que realizan para publicar sus informaciones.

La cercanía con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es un elemento que siempre ronda a Correa. El ex asambleísta y el ex vicepresidente de Ecuador León Roldós denunció la presencia de asesores españoles que habrían redactado la Constitución venezolana y luego la ecuatoriana con artículos muy similares como el que posibilita a discrecionalidad del presidente la expropiación de tierras y un eventual control de los medios de comunicación. La respuesta del gobierno ha sido tajante. "Cualquier copia está destinada al fracaso", dijo enfáticamente sobre el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, evitando que el futuro modelo ecuatoriano sea visto como al venezolano. (DPA)