A nadie se le ha ocurrido atribuir la decisión del gobierno de relevar al teniente general Roberto Bendini de la jefatura del Ejército por su presunta participación en hechos de corrupción al notorio desdén que sienten la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su esposo por los militares. Por el contrario, en vista de que la causa que terminó costándole su cargo se abrió antes de que el entonces presidente Néstor Kirchner lo promocionara, echando a 26 generales que ocupaban lugares más altos en la jerarquía castrense a fin de despejarle el camino, es evidente que de no haber contado Bendini con el apoyo del matrimonio gobernante, que lo conoció cuando encabezaba la Brigada Mecanizada XI en Río Gallegos, nunca hubiera llegado al puesto que ocupó durante cinco años y cuatro meses. Como jefe del Ejército, Bendini se esforzó por congraciarse con los Kirchner y en una ocasión cobró notoriedad al descolgar los retratos de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar, lo que podría justificarse pero que a muchos les pareció un tanto excesivo, ya que, como la mayoría de sus camaradas y de los políticos, durante el Proceso nunca manifestó mucha preocupación por las violaciones de los derechos humanos por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas.
Así las cosas, el que por fin Bendini sea procesado por el delito de peculado supuestamente cometido entre abril del 2002 y mayo del 2003, cuando estuvo en Río Gallegos, puede tomarse por una señal del debilitamiento del kirchnerismo que lo protegió durante tanto tiempo a pesar de las acusaciones en su contra. Aunque no lo apreciaba la ministra de Defensa Nilda Garré -según se informa, por entender que estaba involucrado en "una matriz delictiva"-, hasta hace poco los Kirchner se negaban a dejarlo caer, pero parecería que la semana pasada llegaron a la conclusión de que continuar apoyándolo les costaría demasiado en una etapa en que están proliferando las denuncias de corrupción. El sucesor de Bendini, el general de división Luis Alberto Pozzi, acaba de ser acusado de encabezar una "asociación ilícita", de suerte que la crisis en el Ejército continuará provocando malestar entre quienes no han tenido nada que ver con las presuntas estafas vinculadas con licitaciones que están agitando la institución.
Poco antes de la renuncia forzada de Bendini, Garré había echado a otros dos generales: Gustavo Schurlein -el que disfrutó de la simpatía de los Kirchner- y Gustavo Serain, por su rol en el affaire de las compras irregulares que hace pensar que el Ejército también ha sido contagiado por la cultura de la corrupción que tantos estragos está causando en el país y que, por cierto, no se ha visto debilitada en los años últimos. Lo que ha cambiado es el vigor con el que la Justicia y los responsables de llevar a cabo auditorías están tratando de llegar al fondo de lo que está ocurriendo. Para inquietud de muchos funcionarios -y de ciertos militares- día tras día parece aumentar el número de jueces que ya no brindan la impresión de sentirse cohibidos a la hora de investigar a personajes que se suponen protegidos por su relación con la presidenta Cristina y su marido. De intensificarse la tendencia así supuesta, el gobierno no tardará en encontrarse en apuros cada vez más graves. Ya se ha visto desprestigiado por las alternativas del juicio en Miami que ha dado a Guido Antonini Wilson un lugar privilegiado desde el cual disparar denuncias contra los Kirchner, las causas relacionadas con el narcotráfico y el financiamiento de la campaña electoral de Cristina, que continuarán ocasionándole dolores de cabeza, y es probable que en las semanas próximas se formulen más acusaciones contra hombres del núcleo duro del kirchnerismo como Ricardo Jaime y Julio De Vido. Aun cuando el gobierno logre sobrevivir intacto a la ofensiva judicial que parece haberse puesto en marcha, si las consecuencias electorales son tan fuertes como temen algunos oficialistas, durante la segunda mitad de los cuatro años en el poder que los votantes le dieron en octubre pasado la presidenta tendrá que convivir con un Congreso mucho más hostil que el actual que, lejos de minimizar la importancia de la corrupción, esté resuelto a combatirla con todos los medios a su disposición.