VIEDMA (AV).- La continuidad licitatoria y la permanencia de Flavors como proveedor dependerán de la decisión política del gobernador Miguel Saiz. En principio, se acordó ayer abrir un expediente de análisis técnico de la resolución del fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz que comunicó a Familia que "gestione la suspensión provisoria a Flavors-Masily como proveedora.
Cada fuente gubernamental consultada por "Río Negro" buscó relativizar el requerimiento de Berraz, sea desde cuestiones formales -"la notificación correspondía a la cabeza del Poder y no a Familia"- o con argumentos de fondo, como que consideró algunas muestras negativas cuando la provincia tiene unos 600 resultados a favor".
Anoche, cerca de las 21.30, el gobierno rompió el silencio.
Ponderó el acto licitatorio de la víspera y justificó la presencia de Flavors pues "no ha existido medida judicial" contraria. Entendió que "tampoco hubo una solicitud expresa de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas al titular del Poder Ejecutivo de suspensión del acto administrativo". Cuestionó que la Defensora se excedió en sus "atribuciones".
Anoche, en Casa de Gobierno, nadie arriesgaba cuál será la decisión de Saiz.
El gobernador permanecía en Capital Federal en reuniones con funcionarios nacionales para definir la visita a Río Negro en octubre de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El ministro de Familia, Alfredo Pega fue quien le informó anteanoche de la resolución de Berraz. Sorpresa, incertidumbre y desazón inundaron al mandatario, se dijo.
Familia requerirá la opinión técnica a la Fiscalía de Estado, que recopilará información, desde la documentación utilizada por Berraz para su resolución hasta pedirle un descargo a Flavors.
Respecto de la inexistencia de un fallo judicial contrario a los alimentos, si bien es cierto que el juez penal Pedro Funes todavía no opinó, no es menos cierto y preocupante que esta causa evidencia marcada despreocupación del magistrado. Lo suyo se centró en su presencia en la planta de Flavors en Conesa y la solicitud de ciertos análisis de los productos. Luego, la investigación se diluyó y múltiples requerimientos de la fiscal Daniela Zágari quedaron en el escritorio de Funes. Por eso, la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini apuntó al magistrado. "Se necesita un rol firme y jugado del juez", afirmó ante la prensa, concluido el acto licitatorio.
