En la provincia de Buenos Aires se está atravesando un momento particular producto de la puesta en marcha de la ley 13.298 de Promoción y Protección de los derechos del niño.

Esta ley redefine la intervención de la Justicia en relación a los niños, niñas y adolescentes. Muchas de las situaciones que eran de incumbencia de los Juzgados de Menores han pasado a requerir de la intervención del Poder Ejecutivo a través de los servicios locales, dependientes de los municipios y de los servicios zonales dependientes del gobierno provincial. Estas intervenciones deben contar con la mirada de los asesores de Menores y de los Tribunales de Familia, que se transformarán en Juzgados de Familia, cosa que aún no ha ocurrido.

Esta situación nos ubica en un tiempo de transición porque, por un lado, muchos municipios todavía no han constituido sus servicios locales, están comenzando a hacerlo o bien han reconvertido sus espacios de asistencia social y, por el otro lado, los servicios zonales están siendo desbordados por la gran cantidad de casos que están recibiendo y a los que no están pudiendo dar respuesta.

El gran problema es que las víctimas de abuso y maltrato infantil no tienen la culpa de esta coyuntura, pero lamentablemente quedan entrampados en ella. Salud Activa viene trabajando en estos temas desde hace casi diez años de manera específica. Durante este tiempo se ha avanzado mucho, pero también se ha retrocedido, éste es un momento difícil para lograr la protección de las víctimas.

La articulación entre la Justicia y el Poder Ejecutivo está en proceso de construcción, por lo que se producen fisuras, demoras e injusticias. Pero no se puede estar discutiendo quién se hace cargo de proteger a los niños y adolescentes -es decir: cuál es la instancia civil que los ampara- mientras siguen a merced del victimario.

Por ello, desde Salud Activa se decidió abocarse al otro actor involucrado en el abuso infantil, el agresor, y comenzar a interactuar de manera más directa con el fuero penal, el Centro de Asistencia a Víctimas, las Fiscalías de Instrucción, los jueces de Garantías, los fiscales de juicio. Comenzaron a construirse estrategias de abordaje conjuntas.

En ese contexto es que la ong dedicada a luchar contra la violencia, el maltrato y el abuso instituyó realizar la evaluación diagnóstica de todos los casos de abuso sexual infantil que recibe mediante la utilización del dispositivo de Cámara Gessell con su correspondiente filmación. En un primer momento se hizo para utilizar ese material como respaldatorio de los informes que emite, a los fines de que pueda ser evaluado por algún colega en sede judicial al momento de la preparación del juicio oral y acompañando el testimonio del profesional que realizó la evaluación.

Posteriormente, por idea de una fiscal de zona oeste -quien comenzó a solicitarlo-, se comunica el día y el horario en que la evaluación se realiza para que de esta manera el abogado del imputado pueda, junto con la Fiscalía, presenciar en retrocámara el proceso, dándole así el valor de prueba testimonial.

Estamos en este camino que seguramente será una larga construcción y tendrá seguidores y detractores. El objetivo de Salud Activa es proteger a las víctimas, evitar revictimizaciones, acelerar los procesos, colaborar con la Justicia en estos casos donde los niños y adolescentes sólo tienen su testimonio, verbal en el mejor de los casos, pero siempre acompañado de sus padecimientos, donde el secreto que impone el victimario los deja solos e indefensos.

MARÍA BEATRIZ MÜLLER (*)

(*) Presidenta de la Tercera Jornada: "Las Complejas Máscaras del Abusador".

Especial para "Río Negro"