SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El municipio exigirá a todas las empresas prestadoras de servicios que garanticen de aquí en más "la publicidad y transparencia" de la relación con sus clientes mediante la elaboración de una "carta de los derechos de los usuarios".
El Concejo Municipal aprobó ayer una ordenanza que regula la aplicación de ese nuevo instrumento y lo enmarca en la profusa legislación nacional y provincial sobre Defensa del Consumidor.
Las prestadoras de servicios públicos deberán confeccionar y difundir a su costo una "carta de los derechos de los usuarios", donde aparecerán señalados "los estándares de calidad" de los servicios que ofrecen, las responsabilidades de los usuarios y también las instancias para efectuar reclamos o consultas.
La concejal Laura Alves (UCR) -coautora de la ordenanza junto a su compañero de bloque Claudio Otano- explicó que la intención es que las empresas "traduzcan la letra chica y los tecnicismos que a veces son imposibles de entender". Dijo que algunos de los problemas que dieron origen a la normativa son los que suceden a diario con la telefonía fija y celular, cuyos usuarios "son rehenes de los contratos, se les niega atención personalizada y muchas veces desconocen cuáles son sus derechos".
Justamente hace algunos días el Concejo emitió una resolución dirigida a la empresa Telefónica para reclamar la restitución del servicio a numerosos usuarios que lo tienen cortado desde hace más de un año, luego del colapso que provocó una gran nevada en los barrios altos de la ciudad.
La ordenanza aprobada señala que de acuerdo al nuevo sistema las empresas de servicios en Bariloche "darán a conocer a los ciudadanos las condiciones en las que se comprometen a prestarlos bajo su competencia".
El largo listado de rubros que están en la normativa son el gas de red, la distribución eléctrica, el servicio de agua potable, el transporte urbano y de larga distancia, el tren, el estacionamiento medido, la telefonía móvil y básica, la tevé por cable, las entidades financieras, la medicina prepaga, los servicios de internet y las empresas de turismo.
Alves explicó que una vez notificadas, las empresas tendrán que elaborar su carta en un plazo máximo de 60 días, pero no está prevista la aplicación de sanciones. "En caso de que no cumplan, la condena será social", aseguró.
En la sesión de ayer los ediles también aprobaron por unanimidad otra ordenanza que obliga a los telecentros y locutorios telefónicos a tener al menos una cabina adaptada para personas con discapacidad motriz o sensorial. La norma describe las condiciones de diseño del recinto para que permita del acceso en silla de ruedas. También establece que los locales del rubro deberán contar al menos con un aparato con control de volumen para el uso de hipoacúsicos. Los locutorios ya habilitados tendrán 120 días para adaptarse al nuevo reglamento.
