VIEDMA (AV)- El "caso Flavors" inquieta en diferentes organismos del Estado Provincial. Algunos de ellos, por acción u omisión, permitieron un importante beneficio a la firma que provee de alimentos preelaborados al Ministerio de la Familia para su distribución en comedores, residencias, refrigerios escolares y Plan Comer en Familia.

Ayer a la mañana la Agencia Digital de Noticias difundió parte de un informe que la asesora legal de la Dirección General Rentas, María Laura Sosa, elevó al ministro de Hacienda, Pablo Verani -quien se lo había requerido- en relación con la millonaria exención impositiva de la que es objeto desde 2006 el grupo empresarial Flavors-Masily. Así, la cartera de Hacienda empezó a mostrar preocupación por el tema e inició una revisión interna.

En el informe que pudo conocer este medio, la asesora legal de Rentas María Laura Sosa sostuvo que uno de los fundamentos de la exención impositiva otorgada a mediados de 2006 y prorrogada este año, fue el proyecto de inversión técnicamente aprobado por el Ministerio de la Producción, a través de la Dirección de Industria, Comercio y Servicios. "Dicho organismo expresó que el proyecto es de alto impacto económico para la zona, alienta el bien común y a la necesaria y lógica competencia que brindará más posibilidades a los habitantes, sobre todo ante la expectativa de la generación de puestos de trabajo directos e indirectos", indica el informe.

La desgravación fiscal sobre los Ingresos Brutos empezó a regir en junio de 2006 y se extendió hasta junio de 2007 y luego se prorrogó desde el 1 de enero de este año hasta el 1 de enero del próximo. En el primer período la exención significó un costo fiscal de 491.532,70 pesos por Ingresos Brutos, mientras que se carecía de bases para estimar el impuesto anual de Sellos. Durante el segundo período, Flavors y Cía. - Masily UTE dejará de pagar 606.306,49 sobre los Ingresos Brutos y 458.786,35 por impuestos a Sellos, mientras que Flavors y Cía. SA se beneficiará en 593.501,55 por Ingresos Brutos y 179.861,54 por Sellos. En total, 2.329.988,63 pesos que no ingresarán a las arcas provinciales -sin contar aquello no estimado por Sellos- en beneficio de un empresa sancionada por tener a sus trabajadores en negro en el marco de una cooperativa ilegal y muy cuestionada por otros aspectos vinculados a los alimentos que provee. Además, ni siquiera las autoridades correspondientes han podido establecer fehacientemente si la planta de Conesa se incluye en la categoría de Fraccionadora o Elaboradora, según surge de informes recientes del titular del Área de Salud Ambiental, Edmundo Larrieu.