Puede que la Cooperativa de Electricidad tenga esta vez mejor fortuna que hace cinco años y el EPRE le reconozca un aumento de tarifas cercano al pretendido.
En 2003 reclamó un ajuste del 17% y el organismo regulador provincial le autorizó sólo un 5,5%. Hoy, inflación mediante, el contexto económico es muy distinto y la CEB aspira a lograr una recomposición promedio del 44%, cuyo monto en sí no encontró objeciones puntuales.
Las críticas esgrimidas en la audiencia pública realizada el jueves pasada apuntaron más bien sobre la disparidad del esfuerzo exigido a las diferentes franjas de usuarios -ya que castiga a los más pobres mientras favorece a las empresas y grandes consumidores- y también sobre la abultada rentabilidad del 18,5% que la CEB incluyó en el paquete.
Durante años la prestadora eléctrica local mantuvo una guerra abierta con el EPRE y el poder político provincial, que en el último tiempo pareció entrar en una tregua a la que no es ajeno el interés de la CEB por asegurarse una prórroga de la concesión.
En el marco de ese entendimiento, el Ente le reconoció hace cuatro meses un aumento tarifario por mayores costos laborales en términos casi idénticos a lo solicitado. Pero si hubo un cambio de clima en ese frente, la Cooperativa falló hasta ahora en adosarle un acompañamiento de la sociedad barilochense y del gobierno municipal.
Ante las críticas por el perfil "hood robin" del cuadro tarifario, la CEB se escudó en la ley 2.902 de marco regulatorio que "impide los subsidios cruzados", de modo que la tarifa no puede ser empleada como igualador social.
Aquella normativa es herencia de los vituperados años 90, cuando el ahorro energético y la distribución del ingreso se habían caído del diccionario.
Es probable que la máxima responsabilidad en el cambio de esos parámetros corresponda al poder administrador, pero aun con su letra actual la ley admite cierto margen y no debería ser la CEB su principal cancerbero.
El subsidio tácito de unos consumidores a otros existe en cualquier sistema de servicios públicos. Si cada usuario pagara estrictamente su costo, ninguno debería pagar la misma tarifa. Llevar un kWh a un domicilio lindante con el transformador cuesta menos que servir a otro ubicado a diez kilómetros. Pero en los hechos pagan lo mismo y el primero subsidia al segundo.
Por más que la ley prohíba los subsidios cruzados, a nadie escapa que el gobierno nacional abandonó hace rato ese criterio y estableció aumentos selectivos para desalentar los grandes consumos, bajo las premisas de la equidad social y del ahorro de energía.
En ese contexto, la CEB planteó un pedido de incrementos tarifarios ajenos al espíritu de época. Si bien reclamó públicamente al gobierno provincial un cambio en la ley que impide la progresividad, sin dudas podría hacer mucho más.
Es difícil entender por ejemplo el reclamo de una rentabilidad sobre el capital que casi duplica a la que recibe Edersa, una empresa con fines de lucro cuyo principal interés es engrosar el bolsillo de sus accionistas.
Sonó extraño entonces que el presidente de la CEB, Omar Goye, defendiera el derecho de las cooperativas a recibir una remuneración sobre el capital invertido, aunque en una proporción "limitada o mínima".
Algo que no se condice con el polémico 18%, y menos aún cuando la Cooperativa tiene a su cargo una actividad monopólica de ínfimo riesgo y con mercado cautivo.
No sólo por las actuales ambigüedades sino también por sus desvíos históricos. la CEB no consigue romper la desconfianza del vecino barilochense promedio, que está lejos de sentir una identificación con la suerte la empresa.
Ocurre que los usuarios siguen sin percibir con claridad cuál es el beneficio económico que le toca por recibir la luz de una cooperativa y no de una SA o una SRL, que paga más impuestos y se empeña en maximizar las ganancias.
Es importante, sin duda el derecho a la participación indirecta en las decisiones de la empresa, pero sería bueno que esa pertenencia se traduzca también en una ventaja más tangible.
Por más que a las actuales autoridades les resulte incómodo, la CEB también está obligada a rendir cuentas en ese ámbito. "En una cooperativa con menos razón podemos admitir que se produzcan estos desequilibrios", dijo el representante municipal en la audiencia pública, Adrián Brussino, al cuestionar las desigualdades en el cuadro tarifario.
La concesionaria eléctrica debería cuidarse de no reincidir en malas experiencias ni incursionar en conductas que ponen en crisis la supremacía ética del cooperativismo.
DANIEL MARZAL
dmarzal@rionegro.com.ar
