"Quiero saber si Río Negro controló bien. Una cosa me quedó claro: las mezclas que se hacen en Conesa son nuevos productos y, como tales, deberían contar cada una con su RNPA, pero no uno transferido desde otra firma de San Luis, sino uno propio, que debe corresponderse con el Registro Nacional de Establecimiento donde se realizan, en Río Negro". Así resumió Ana Piccinini la principal duda que le despierta la actuación de Salud Pública de la provincia.

El temor de la defensora del Pueblo es que advierte que el grupo Matas parece haber confundido a los responsables del control de alimentos, y que pese a que la normativa es bien estricta, no recibe controles ni en Mendoza -donde no opera-ni en San Luis -donde dejó de hacerlo- ni en Río Negro -donde dice que mezcla cosas que vienen de otro lado-. En San Luis, el acta de inspección arrojó que Masily elabora caldos, sopa de espárragos y puré de papas, y que el resto de los productos ni se elaboran ni podrían hacerse, debido a que la autorización ya fue trasladada a Río Negro, para que sea esta jurisdicción la responsable de controlar si las condiciones de producción y comercialización cumplen la ley.

"En Conesa no se fracciona algo que ya viene terminado, sino que se mezclan ingredientes que llegan en bolsas separadas. Por lo tanto, el establecimiento debió ser habilitado -y controlado- como elaborador", afirmó Piccinini.

Pero volvió a las dudas: "Sea fraccionador o elaborador ¿qué materia prima elabora?, si no viene ni de Mendoza ni de San Luis?"

Aseguró la funcionaria que desde la firma del Pacto Federal, las empresas tienen una gran injerencia en el control de los alimentos que se elaboran y comercializan en sus territorios, porque son autoridad de aplicación de la ley 18.284 Código Alimentario Argentino.

El puerro que tendría origen en Egipto -según el rótulo fotografiado en la bolsa en Conesa- también mereció un comentario de la Defensora. "¿Tiene Flavors habilitación como importador o exportador?" porque ni Matas ni Masily habrían transparentado esa importación, según afirmaron las autoridades sanitarias de ambas provincias, que se mostraron muy interesadas en detectar cuándo y a cargo de quién habría ingresado ese vegetal.

El punto, ahora, parece centrado en la regularidad o no de la resolución 773/07, emitida por Salud Pública de Río Negro cuando era ministra la actual legisladora Adriana Gutiérrez.

Piccinini dijo ayer que, no obstante, le quedan dudas también de si Familia y Economía no habrían incurrido en negligencia al no advertir las irregularidades que ahora ella logró constatar y documentar con una visita.