SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Comisión Nacional de Tierras anunció la próxima firma de un convenio con el municipio local para la facilitación de mensuras y planes de regularización de las tomas de la ciudad y algunas obras de infraestructura.

El convenio busca promover la inserción urbana y social de tomas y asentamiento irregulares y, en principio, abordaría la solución de "problemáticas específicas sobre determinados territorios" y el fortalecimiento de los referentes sociales en cada sector.

El anuncio fue realizado por el secretario ejecutivo del organismo, Claudio Palermo, quien anticipó que la Nación también aportará fondos para oxigenar al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas local (IMTVHS) que será el "órgano ejecutor" de las políticas y programas que baje la Comisión para Bariloche.

No obstante el funcionario aclaró que el Instituto deberá contar con solvencia propia para acceder a la asistencia nacional. "Nosotros podemos hacer un aporte desde Nación pero lo compañeros del Instituto tienen que tener un presupuesto propio y el municipio también tiene que hacer su aporte", explicó.

En respuesta a ese planteo el titular del IMTVHS, Enrique Mogensen, informó que el instituto contará con fondos "a corto plazo" tanto por la readecuación de partidas del presupuesto municipal enviada al Deliberante como de la rendición de ingresos de los derechos de construcción correspondientes a agosto.

Durante las recientes jornadas sobre "cooperativismo y tierras" Palermo reconoció que la falta de "políticas de acceso a la tierra" afecta a todo el territorio nacional y ponderó la participación de las organizaciones de base en la problemática.

"El Estado tiene que hacerse cargo de estas cuestiones" sostuvo el funcionario al tiempo que priorizó la necesidad de "fortalecer a los compañeros en los territorios" para superar las limitaciones de los cambios de gestión.

La Comisión Nacional está trabajando activamente en el proceso de regularización de Nahuel Hue, el mayor y más nuevo asentamiento irregular registrado en la ciudad. Con su aporte se completó el relevamiento de las familias asentadas en la toma.

El vínculo planteado con la Comisión Nacional se suma a otras gestiones ante organismo de Nación para agilizar las soluciones al severo déficit habitacional que enfrenta la ciudad, declarada en emergencia el 21 de julio pasado.

En el tiempo transcurrido el Ejecutivo no completó la adhesión a la ley Pierri para que el municipio sea órgano de aplicación de esa norma, fundamental para la regularización dominial de ocupaciones.

Los tiempos otorgados por la ordenanza de emergencia habitacional para el trámite están vencidos.