Roberto Bendini fue la máxima autoridad militar de Santa Cruz durante la Gobernación de Néstor Kirchner. Motivo clave para ser encumbrado más tarde en el máximo cargo del Ejército. Es un claro símbolo que sirve para ejemplificar cómo definía las designaciones en los cargos vitales el ex presidente: suma lealtad, ante todo.

Bendini forjó con Kirchner una relación de confianza cuando éste era gobernador de Santa Cruz, lo que le permitió luego pegar el salto a la Jefatura del Ejército cuando el patagónico llegó a la Casa Rosada.

Apenas dos meses después de su asunción presidencial, el 29 de mayo de 2003, el general fue nombrado a través de uno de los primeros decretos que firmó Kirchner como jefe de Estado.

No obstante, tuvo su bautismo mediático el 24 de marzo de 2004.

Por orden de Kirchner, se subió a una silla y descolgó los retratos de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone de las paredes del ex Colegio Militar que funcionaba en el predio de la Esma.

Bendini egresó del Colegio Militar como subteniente de caballería el 18 de diciembre de 1968 y llegó a ser jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 11, con asiento en Puerto Santa Cruz, donde conoció al entonces intendente, luego gobernador y más tarde presidente Kirchner.

Una causa antigua

Fue durante su gestión en Santa Cruz cuando se produjo la denuncia que precipitó ayer su caída. La justicia comenzó a investigar en 2002 la contabilidad de la Brigada Mecanizada XI, que Bendini comandó hasta mayo de 2003, antes de que éste asumiera como máxima autoridad de la fuerza militar.

La denuncia acusó a Bendini de haber abierto, en abril de 2002, una cuenta bancaria no oficial en la que depositó recursos extrapresupuestarios, por alrededor de medio millón de pesos, y que manejó en forma discrecional. En primera instancia, el juez federal de Río Gallegos, Gerardo Caamaño, dictó en mayo del año pasado la falta de mérito del ya jefe del Ejército. Sin embargo, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y el fiscal federal de Río Gallegos, Miguel Ángel Segovia, apelaron a la Cámara. Y ayer, los camaristas Javier María Leal de Ibarra, Hebe Corchuelo de Huberman y Aldo Suárez consideraron al jefe del Ejército responsable de peculado, un delito que contempla una pena de entre dos y ocho años de cárcel. (Redacción/AFP)