En un esfuerzo desesperado y con toda probabilidad inútil por salvar a Alitalia, la empresa de bandera italiana, un consorcio que pensaba en comprarla trató de negociar con los sindicatos el número de empleos que se eliminarían -se hablaba de por lo menos 3.000- y los recortes salariales drásticos que serían precisos para evitar su desaparición definitiva. Puesto que los sindicatos no aceptaron las condiciones, parece que no hay forma de impedir que Alitalia, una aerolínea con tantos problemas que ni siquiera puede pagar por el combustible que necesita, deje de existir a pesar de la voluntad manifiesta del primer ministro Silvio Berlusconi de mantenerla no sólo viva sino también en manos de sus compatriotas. En esta lucha los problemas principales han sido los planteados por los sindicatos, cuyas exigencias desmedidas sirvieron para hacer de Alitalia una empresa económicamente no viable que, para sobrevivir sin reestructurarse radicalmente, necesitaba cantidades crecientes de dinero público. Aunque en comparación con el nuestro Italia es un país rico, los costos para los contribuyentes han sido tan enormes que si no fuera por el orgullo nacional nadie pensaría en procurar asegurar que Alitalia, que está en bancarrota y se las ha arreglado para acumular una deuda que ya supera los 1,7 mil millones de dólares estadounidenses, continuará operando.

Para nuestro gobierno, el destino de Alitalia constituye una advertencia que le convendría tomar muy en serio, puesto que la empresa italiana tiene mucho en común con Aerolíneas Argentinas. Una vez solucionados los problemas relacionados con el acuerdo con el grupo español Marsans que desconoció el Congreso cuando votó a favor de la reestatización de Aerolíneas y Austral, el Estado tendrá que reorganizar la empresa para que no resulte ser una adquisición sumamente costosa, lo que, al igual que en Italia, requerirá que se negocie con sindicatos cuyos líderes no quieren saber nada de la eliminación de empleos o recortes salariales. Sin embargo, si tanto el gobierno como los sindicatos insisten en anteponer los derechos adquiridos de los empleados a la racionalidad económica, de ahora en más el resto del país tendrá que gastar muchos millones de dólares anuales por el privilegio de contar con una aerolínea de bandera. Pues bien: ¿está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuesta a arriesgarse asumiendo una postura realista, y por lo tanto dura, frente a sindicatos vinculados con integrantes poderosos del gobierno nacional como el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y que para más señas nunca han vacilado en declararse en huelga por motivos caprichosos? Dadas las circunstancias, es poco probable.

Por desgracia, hubiera sido difícil elegir un peor momento que el actual para reestatizar Aerolíneas. A raíz del aumento del precio del petróleo -el que, por fortuna, ha bajado últimamente aunque sigue siendo muy caro- todas las empresas aéreas del mundo, incluyendo las más eficaces, están en apuros y pocos meses transcurren sin que algunas caigan en bancarrota. Además, debido a lo difícil que es reducir costos y el clima imperante en el negocio, en muchas partes del mundo la condición de los aviones propende a deteriorarse, lo que ha aumentado el riesgo de desastres como el experimentado hace poco por Spanair en el aeropuerto madrileño de Barajas. Así las cosas, transformar Aerolíneas de una empresa privada manejada por españoles y plagada de problemas de todo tipo en una estatal relativamente eficaz no será fácil en absoluto y es legítimo preguntarse si el gobierno kirchnerista, cuyas dotes administrativas son notoriamente escasas, será capaz de hacerlo. Para tener una posibilidad de éxito, tendría que insistir en que el interés nacional importa mucho más que su relación con los sindicalistas que impulsaron la reestatización ya por motivos a su entender nacionalistas, ya porque apostaban a que el Estado resultara ser un empleador decididamente más generoso, y más negligente, de lo que eran los dueños anteriores españoles. Si pesara más la convicción de que la Argentina merece tener una línea aérea de bandera nacional muy superior a la empresa manejada por Marsans, sería factible que se recuperara de las desgracias que sufrió en los años últimos. Caso contrario, hubiera sido mejor liquidarla con la esperanza de que, andando el tiempo, cumpliera su función una empresa privada.