VIEDMA (AV).- Tres policías deberán ser indemnizados por un comerciante que los denunció penalmente por abuso de autoridad. La Justicia inicialmente desestimó esa acción penal y después, los uniformados demandaron al denunciante por daño moral y ahora, la Cámara Civil condenó al comerciante a pagar 5.000 pesos a cada policía.

El hecho investigado -que ocurrió hace casi cinco años- se concentró en la presencia de tres uniformados en un comercio para contactar la existencia de policías en servicio adicional, sin contratación reglamentaria.

El comerciante presentó una denuncia por "violación de domicilio y abuso de autoridad".

La causa penal concluyó con el sobreseimiento de los efectivos, tras lo cual los denunciados penalmente se transformaron en accionantes por "denuncia injuriosa", planteando que "el lugar al que concurrieron era un comercio, de acceso público, con puertas abiertas, no necesitando orden judicial ni permiso previo para ingresar". Se consideró que no existió violación de domicilio ni abuso de autoridad.

En principio, el juez civil desestimó la demanda de los policías -un oficial y dos sargentos- contra el denunciante, entendiendo que no existían elementos suficientes para endilgarle responsabilidad civil", pues la denuncia "ha estado exento de excesos, imprudencias o malas intenciones".

En cambio, la Cámara entendió que la presentación fue negligente, imprudente e inexacta" y determinó así una indemnización por 15.000 pesos, es decir, 5.000 pesos para cada policía. Recientemente, este tribunal rechazó un pedido de casación del comerciante.

Los uniformados -que prestaban servicios en la comisaría 34 de Viedma- fueron el 31 de diciembre de 2003 al comercio del posterior denunciante. El objetivo era verificar la prestación de servicio de adicional, que efectivamente cumplían en ese momento, "tareas de prevención y seguridad" en ese local: tres policías no uniformados, que no estaban contratados reglamentariamente.

En su análisis, el camarista Gustavo Azpeitía entendió como "manifiesta y grave la imprudencia, ligereza y negligencia" de la denuncia contra los policías ya que el comerciante niega en la misma "la verdadera realidad" y posibilita una causa penal por "allanamiento y abuso de autoridad", que concluyó con sobreseimiento total.

El camarista agrega que esa presentación genera "entonces responsabilidad para quien la ha formulado con grave imprudencia e inexactitud". Entendió que existió un culposo accionar del comerciante por "una denuncia negligente, imprudente e inexacta".

El juez Fernando Laborde Loza apoyó el voto de Azpeitía, mientras que el tercer integrante de la Cámara -Juan Pablo Videla- se abstuvo ante la mayoría impuesta por las otras opiniones.