Los funcionarios del gobierno de Miguel Saiz no muestran tener práctica en diálogo político.

Parecen, más bien, representantes de un estilo unidireccional, que esgrime tener la totalidad de las respuestas, no importa cuáles sean las preguntas.

Por eso, y en detrimento de las prácticas democráticas, ubican en el campo de los enemigos a todo aquel que se atreva a dudar, a cuestionar o a inquirir.

Al hacerlo, desconocen dos componentes inseparables de los mecanismos de la política, de la que son parte: la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas de sus actos y el carácter público que tiene toda la información producida o almacenada por el Estado.

Ya es evidente que, por los motivos que fuere, han tomado la defensa de la compra de alimentos a un grupo cuyano como una razón de Estado.

Sólo así se admite que desde el Ministerio se atribuyera ayer a un "show mediático" la difusión del resultado de un análisis científico que certificó tierra y pelos de rata o ratón dentro de una bolsa de estofado que se distribuye a personas carenciadas y a comedores escolares de la provincia.

¿Qué significa eso? ¿Que el pelo sería menos pelo si no saliera en los diarios?

Hasta hace unos días, el tema hacía pensar en una estrategia política diseñada para encubrir un área de contratos del Estado que está sospechada a raíz de que, durante diez años, un solo oferente -representado por un amigo de funcionarios de primer nivel- se adjudicó todas las licitaciones, y en algunos casos como único aspirante. Era, por lo tanto, una cuestión administrativa clásica.

Ahora, y a partir de las respuestas oficiales ante lo indefendible, la cuestión se mueve a otro plano y deja al desnudo una llamativa insensibilidad social. Se prioriza una órbita de negocios por encima de la obligación de velar por sectores vulnerables como son los niños y las familias de pobres recursos económicos.

A modo de ejemplo, ningún criterio con legitimidad en lo administrativo puede explicar por qué se prorrogaron en abril las dos contrataciones con Flavors y Masily, sin realizar una licitación legal. El fin de un contrato de dos años no es un suceso imprevisto, pero ningún organismo de control objetó el procedimiento.

Desde el punto de vista de la calidad alimentaria y la salud de las personas, esta semana se conocieron dos análisis que ponen en cuestión la decisión de persistir en un gasto de razonabilidad dudosa:

" El realizado por un laboratorio privado de Bahía Blanca sobre muestras de leche en polvo de dos marcas, a pedido del fiscal de Investigaciones Administrativas Pablo Berraz, arrojó que no son nutritivas.

" El realizado por el Instituto Nacional de Alimentos sobre una muestra de estofado, a pedido de la defensora del Pueblo Ana Piccinini, detectó tierra y pelos de rata o ratón en el interior del envase.

Como única respuesta, el oficialismo ha resuelto abroquelarse en el informe de Salud Pública de la provincia que, sobre muestras entregadas por la empresa proveedora, indicó que los ali

mentos son aptos para el consumo humano, sin profundizar en su calidad nutricional.

Hay varias muestras más que están siendo analizadas, por lo que es de prever la multiplicación de informes e incluso la posibilidad de que uno contradiga a otro. No asombraría que el gobierno siguiera eligiendo de ellos el que más le convenga.

El jueves, y ante los elementos existentes en la causa penal, la fiscal Zágari sugirió a Berraz la exclusión del Registro de Proveedores de las firmas objetadas. El fiscal pudo hacerlo directamente, pero prefirió pedírselo al Ejecutivo. Pero Saiz y su ministro optaron por desoírlo: ni excluyeron a Flavors y a Masily ni suspendieron la licitación en marcha.

Es decir que el fiscal de Investigaciones Administrativas tiene ahora dos caminos:

" o avanza él con la suspensión en uso de sus facultades -lo que podría acarrearle quedar en el "campo enemigo" del grupo gobernante-,

" o se queda callado y en muy mala situación respecto de las obligaciones que le impone su cargo.

Desde el gobierno ya le han recordado que su mandato vence el año próximo, y que su renovación depende de la propuesta que el gobernador haga a la Legislatura.

También la defensora del Pueblo es identificada como "enemiga". Del mismo modo en que dirigentes del radicalismo fueron tratados como parias cuando se atrevieron a expresar una voz crítica. El propio vicegobernador Bautista Mendioroz está siendo sospechado de no haber cortado el diálogo con Ana Piccinini.

Con igual actitud unidireccional, el oficialismo asumió la defensa irrestricta del fiscal de Estado, Alberto Carosio, frente al pedido de juicio político presentado por legisladores del Partido Justicialista a raíz del pago de honorarios a abogados privados por encima de lo correspondiente.

La Comisión Acusadora resolvió casi a la medianoche del jueves rechazar la denuncia, invocando que, si bien Carosio firmó las liquidaciones mal efectuadas en beneficio de abogados particulares, cuando el tema salió en la prensa él mismo aportó pruebas a la causa penal que aún se sigue contra la que fue su mano derecha en el organismo, y que sigue trabajando en él.

Tal argumento dejaría mudo a un juez Penal y resulta menos atendible aún si se considera que no corresponde a la Legislatura analizar si Carosio cometió un ilícito, sino sólo su responsabilidad política en un hecho contrario a las obligaciones de su cargo. Pero tres votos son más que dos... y el caso fue al Archivo.

Es una metodología que revela que, en ocasiones, las instituciones del Estado son puestas a disposición de lealtades y conveniencias de partido.

Similar actitud se advirtió también esta semana, cuando la Legislatura aprobó la ley que declara inembargables los bienes de los sindicatos rionegrinos, una iniciativa de Daniel Cortés, un peronista que se anunció aliado del radicalismo aun antes de asumir su banca.

Claro que, si bien resulta indeseable que el radicalismo rionegrino devuelva favores políticos abusando para ello de facultades legislativas, igualmente lo es que el peronismo provincial todavía no haya aprendido a seleccionar sus candidatos a legisladores de manera tal que el resto de los rionegrinos no tenga que sufrir las consecuencias.

En síntesis, y en virtud de la norma promovida por el hermano del dirigente mercantil barilochense Walter Cortés -gremio que tiene varias demandas pendientes que caerán ahora en virtud de tan interesada ley-, los afiliados a los sindicatos no tendrán cómo resarcirse si sus dirigentes incurren en manejos patrimoniales que los perjudiquen. Y los comerciantes tampoco podrán cobrarles a los gremios que no cumplan con el pago de cuotas de compras de sus afiliados.

Pero pese a la trascendencia de estos temas en danza, es evidente que al gobernador Miguel Saiz lo tiene infinitamente más preocupado quién tiene la llave de los comités de la UCR, en una puja que tiene más de pulseada personal con Gerardo Morales que de debate ideológico o de políticas públicas.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar