BUENOS AIRES (DyN).- El gobierno exoneró ayer al comisario retirado de la Policía Federal Miguel Ángel Espósito a raíz de sus presuntas responsabilidades en el crimen de Walter Bulacio, el chico de 17 años que falleció tras ser arrestado en una razzia policial cuando iba a presenciar un recital de Los Redonditos de Ricota en 1991.

La medida fue adoptada por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, a través de la resolución 2.706, y significa la expulsión lisa y llana de Espósito de la Policía y la pérdida de todos los beneficios que gozan de los efectivos retirados, informaron fuentes oficiales a DyN.

La decisión se conoció anoche, luego de un fallido encuentro de la presidenta Cristina Kirchner con la madre de Bulacio, Graciela Scavone, en la Casa Rosada, previsto para transmitirle el "compromiso del gobierno" con la investigación del crimen.

El encuentro no se hizo porque, según dijo la abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) María del Carmen Verdú, antes "el Estado debe cumplir" con las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reabrir el caso.

El mes pasado, el ministro de Justicia anunció en conferencia de prensa que el Estado iba a cumplir con la resolución de la CIDH por medio de la cual instó a reabrir la causa judicial por la muerte de Bulacio y fijar medidas para poner fin a la detención de menores por parte de las fuerzas de seguridad, salvo los casos de flagrancia, entre otros requisitos.

En ese sentido, la presidenta de la Nación ya firmó un decreto, que lleva el número 1.313, por el que designó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que se presente como querellante en la causa por el crimen de Bulacio.

Aníbal Fernández informó que se revisaron las normas vigentes en todo el país sobre las facultades de detención, para ajustarlas a la recomendación de la Corte sobre caso de detención arbitraria de menores, exceptuando así los hechos en que hubiera una orden judicial o un delito en flagrancia.