VIEDMA (AV)- La implementación de la tarjeta social sólo reemplazará los vales que los beneficiarios del Plan Comer en Familia destinan a los alimentos frescos. Los módulos, compuestos por preelaborados y genéricos, seguirán entregándose como hasta ahora, a pesar de los cuestionamientos a la empresa Flavors y Cía. SA que los provee. El gobernador Miguel Saiz ratificó la política de distribución de las cajas con el argumento de que no todas las localidades cuentan con sistema de posnet para poner en vigencia la tarjeta magnética y que la asistencia con comida debe cumplirse de alguna manera.

El martes luego de defender con insistencia las políticas alimentarias del Ministerio de la Familia, Saiz afirmó que "para los frescos se dan tickets y para reemplazar los tickets se está implementando la tarjeta. ¿A ver si en El Caín hay posnet? Hay que trabajarlo de a poco, porque en algún momento los comercios tampoco aceptaban los tickets, en las poblaciones más alejadas y más pequeñas".

Agregó que "no se puede imponer, por ahora es sólo para la parte de los productos frescos porque también tenemos que garantizar que los aportes que se hacen lleguen a los alimentos. Recordemos que hubo mercadería del plan que aparecía en los trueques".

Pero, ¿cuánto gasta el Estado en alimentos y cuánto significaría distribuir ese dinero entre las familias para que cada uno adquiera lo que necesita realmente para abastecer a sus miembros?.

La información oficial asegura que 1.158.522 pesos se destinan mensualmente a asistir con tickets a 13.034 familias, a un promedio de 88,88 pesos por hogar, con diferencias según la cantidad de integrantes. En tanto, otros 2.050.307 pesos se invierten por mes en módulos que esos mismos beneficiarios reciben, lo que implica unos 157,30 pesos más. Sumados, vales y cajas totalizan 246,18 pesos por familia, que implican un costo total de algo más de 38.5 millones de pesos al año.

Para asistir con alimentos preelaborados y genéricos sigue vigente el contrato suscripto con Flavors y Cía. SA y la UTE que conformó con Masily luego de la licitación del año 2006. Esa adjudicación venció en abril de este año y fue prorrogada hasta que se resuelva la próxima en la que se prevé un monto máximo de gasto de 78 millones de pesos por dos años. El 25 de este mes se abrirá el primer sobre de ofertas.