SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi dictó el procesamiento y la prisión preventiva de un profesor de karate, luego de que un joven de 19 años lo denunciara por haberlo obligado a realizar prácticas sexuales depravadas desde que tenía 13 ó 14 años. La víctima padece una grave enfermedad venérea que sería consecuencia de la relación que mantenía con el docente, quien lo amenazaba con contarle todo a su novia para obligarlo a continuar con las prácticas homosexuales.
En el auto de procesamiento que se encuentra apelado ante la Cámara, Gaimaro Pozzi le atribuye a Claudio Villarroel, de 44 años, hechos que habrían comenzado a suceder cuando el denunciante tenía 13 ó14 años de edad. El magistrado relata que la víctima comenzó a asistir a las clases que Villarroel impartía en el barrio Virgen Misionera y luego en el Gimnasio Municipal 1, donde le sacó una fotografía desnudo al menor cuando estaba en el vestuario. La amenaza de hacer pública esa foto, en el verano de 2001 o 2002, habría sido utilizada por el imputado para abusar sexualmente del menor, en forma oral, abuso que se repitió en el tiempo luego de las clases de karate o en el domicilio particular del acusado.
En el allanamiento realizado en la casa de Villarroel secuestraron un celular, una fotografía y una carta manuscrita suscripta por el denunciante y dirigida a Villarroel.
Ante el médico forense que lo entrevistó, el joven declaró haber sido sometido sexualmente mediante extorsión desde hace varios años, en actitud activa y pasiva. Aunque no presenta lesiones, el profesional aclara que no significa no haya sido penetrado, "dado que con frecuencia este tipo de práctica en las personas adultas no se producen lesiones físicas".
La pericia psicológica que le realizaron al denunciante refiere que presenta, "categóricamente, signos de ataque contra su integridad sexual tanto físicos como psicológicos. Los signos físicos incluyen lesiones sifilíticas anales, mientras que los psicológicos corresponden al síndrome de abuso sexual y constituyen un daño psicológico difícil de revertir".
La investigación abarcó el análisis de los celulares secuestrados y los mensajes telefónicos cruzados, entre los cuales se exige al denunciante "hablar" "aclarar los tantos" o si no se harían públicas a la novia del menor determinadas fotografías.
Al calificar los hechos como corrupción agravada, el magistrado entendió que el imputado estaba encargado de su educación en su faz física, y lo hizo víctima mientras era menor "de conductas sexuales anormales, mediante actos realizados sobre el cuerpo del joven, idóneos para pervertir sus sanos instintos sexuales, despertar en él una temprana sexualidad de carácter anormal, persiguiendo que el adolescente adoptase una conducta sexual depravada".
Agregó que esa conducta repetida durante el tiempo abarca la intimación y se consumó mediante engaños, amenazas y coacciones.
