MENDOZA (DyN, Télam) - La justicia mendocina no autorizó la realización de un aborto no punible a la niña que está embarazada producto de una violación, informó ayer el juez Germán Ferrer, quien tiene a su cargo el caso y dispuso también que la familia realice tratamiento psicológico.

Ferrer dijo en conferencia de prensa que "se ha resuelto no autorizar la interrupción del embarazo" y que ordenó "la externación de la niña quien queda bajo la guarda de la abuela materna".

El magistrado indicó que a través del trabajo de los peritos se llegó a la conclusión que "el deseo de la niña, un deseo sostenido, era de que el feto no sufriera ningún daño y que por lo tanto deseaba seguir cursando el embarazo".

Además, dijo que según los peritos "la interrupción del embarazo podría producir en esta niña un trastorno de su personalidad que la podía sumir en patologías psiquiátricas irreversibles como la psicosis". Ferrer estuvo acompañado en la rueda de prensa por cuatro peritos que trabajaron en la causa.

"Esta joven se encontraba ya judicializada por la denuncia de un tío por la sospecha de posible maltrato hacia ella y la madre, del padrastro", recordó el magistrado.

El padrastro se encuentra detenido a disposición de la fiscalía de Maipú que espera un análisis genético para corroborar si el hombre es el padre del bebé en gestación. Ferrer aseguró que por aquella denuncia se presentó el pedido de interrupción del embarazo.

"Esa pretensión estaba fundada en el artículo 86, inciso 1 y 2 del Código Penal por entender las abogadas patrocinantes que la joven se encontraba tanto en un riesgo grave para su salud psíquica, como, en cuanto al segundo

inciso, que se trataba de una niña violada", explicó. Pero, aclaró que el inciso 2 solamente prevé la posibilidad de no punir el aborto cuando lo practica un médico diplomado, cuando es el resultado de una violación a una mujer idiota o demente, "y esta joven ni era idiota ni era demente".

La niña se encontraba hasta ayer internada en el hospital pediátrico Humberto Notti, por disposición judicial. El juez dijo que también organizó "una serie de medidas de protección para garantizar el derecho de esta niña, como madre, embarazada, y del no nato, derecho garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional".

Esas medidas tienen que ver con que tanto la niña como su grupo familiar "realicen tratamiento psicológico y psiquiátrico, y la familia sea orientada en estos aspectos". El juez explicó que esas medidas se adoptan porque "esta niña por su edad, se encuentra en una situación de vulnerabilidad".

Por otra parte, dijo que "se ha dispuesto que desde el Ministerio de Desarrollo Humano, Comunidad y Familia se arbitren los recursos necesarios para garantizar al grupo familiar donde se va a insertar esta niña y su bebé, sobre todo lo atinente a vivienda ya que reviste una situación paupérrima".