LA PAZ  .- Una ronda de diálogo por la pacificación de Bolivia se iniciará mañana  en la ciudad de Cochabamba gracias a un acuerdo suscrito anoche por el gobierno y por el prefecto de Tarija, Mario Cossío, representando a cinco regiones opositoras a Evo Morales.  El pacto, firmado luego de tres semanas de protestas que dejaron 18 muertos en la región  de Pando,  se logró pese a la detención del  gobernante de esta comarca  amazónica, que hizo peligrar el acuerdo.  

El prefecto Cossío firmó  el documento discutido con el vicepresidente Alvaro García Linera que habilita la ronda de diálogo de paz para Bolivia tras 23 días de conflictos. "Que Dios ilumine nuestros futuros actos", dijo Cossío en presencia del jefe de la Iglesia católica de Bolivia, cardenal Julio Terrazas.  "Que sea el inicio de un gran acuerdo nacional para que le demos paz y tranquilidad a nuestra gente",  agregó  el  gobernante.

El documento prevé el restablecimiento de negociaciones  el  18 de septiembre, y establece entre otras medidas la entrega de las oficinas públicas tomadas por los opositores, reestablecimiento de la paz e investigar la masacre de 16 campesinos en Pando  la semana pasada.

También  que  Morales suspenderá la convocatoria a referendo nacional para ratificar el proyecto constitucional por el tiempo de un mes, lapso en el que se prevé alcanzar acuerdos.

La detención del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, en un recinto militar desconocido por la muerte de varias personas en su jurisdicción, estuvo a a punto de hacer fracasar la ronda de diálogo.

Fernández tras permanecer dos horas en la base aérea de El Alto fue trasladado a otra región por orden del gobierno ante el temor que las organizaciones sociales de la vecina ciudad de La Paz desborde el control militar en el propósito de agredir al prefecto. "Leopoldo Fernández fue traído de Cobija a La Paz y luego a Cochabamba, y él estaría confinado en el cuartel de Colomi (cerca a Cochabamba, 480 kilómetros al sureste de La Paz)", informó la red de televisión ATB.

El poderoso prefecto del departamento opositor de Santa Cruz, Rubén Costas, acompañó  la firma del preacuerdo con el gobierno del presidente de Morales. "A las cuatro de la mañana recibimos el preacuerdo y lo aprobamos. El departamento de Santa Cruz (...) y sus instituciones han decidido firmar este principio para buscar ese gran pacto social, ese gran acuerdo nacional, y para que vuelva la paz", dijo Costas
El vicepresidente boliviano aseveró que en la ronda de diálogo con  Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca se habilitará mesas sobre el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), autonomía y nueva Constitución, además de la elección de autoridades.

García Linera aclaró que el tema judicial por la detención del prefecto Leopoldo Fernández y doce personas más es diferente a las reivindicaciones de las regiones sobre la renta petrolera, estatutos autonómicos y la nueva Constitución.

Además del grave conflicto interno, Bolivia recibió la comunicación de que Washington la incluyó en una lista de países que no cumplen con sus obligaciones de lucha contra el narcotráfico, y también llamó a los estadounidenses que se encuentren allí a abandonar el país.

El propio presidente Evo Morales dio la orden  de detención de Fernández y otras 12 personas y la anunció durante una conferencia de prensa, lo que de inmediato pareció dejar en suspenso las negociaciones.

“El diálogo agoniza, no está roto, y sólo el presidente Evo Morales puede salvarlo mostrando una voluntad de construir la paz y que acaben con las persecuciones’’,  había  alertado   entonces Cossío. 

 El presidente Morales  aseguró  que  “la detención del prefecto (Fernández) es una acción legal y constitucional, las fuerzas armadas están cumpliendo con su rol en el marco del estado de sitio’’. La violencia en Pando obligó al gobierno a declarar el estado de sitio.

En la oriental ciudad de Santa Cruz, manifestantes autonomistas marcharon en apoyo a Pando y al prefecto, mientras en La Paz afines al gobierno respaldaron la decisión de Morales.

En la víspera, Fernández fue acusado por el fiscal Mario Uribe de  “genocidio’’ por la muerte de 18 personas durante violentos disturbios el jueves en Pando.  

Unas 300 personas esperaron a Fernández en las puertas del edificio de la Fuerza Aérea Boliviana, en La Paz, ante versiones de que sería trasladado allí, algo que no ocurrió. “Leopoldo, asesino, te espera el “’¡Chonchocoro¡’’’, gritaban  los manifestantes, aludiendo a la cárcel de máxima seguridad.

En tanto, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, acusó al prefecto pandino como el único responsable de la “masacre de Porvenir” y denunció que participaron bandas de paramilitares y narcotraficantes provenientes de Perú y Brasil, que operan en la zona fronteriza de los tres países.

De los 18 muertos en Pando 15 eran campesinos. Otras 37 personas resultaron heridas y 106 campesinos no han podido ser ubicados desde los ataques que les obligaron  a huir por el monte, algunos con heridas de bala.

En descargo, Fernández dijo que no fue una masacre sino un choque entre bandos rivales. Dos fallecidos eran funcionarios de la prefectura.

Anoche,  persistían bloqueos carreteros en varias  regiones que se oponen al proyecto constitucional  de Morales y exigen la devolución de fondos apropiados por el gobierno para   una jubilación universal,  que  detonó el conflicto.

(AP/DPA/AFP)