Con asombro y con preocupación creciente, el país asiste con atención a las alternativas de un juicio en Miami que echan cada vez más luz sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y las de la investigación judicial del asesinato, presuntamente por narcotraficantes, de individuos que también aportaron fuertes sumas de dinero a la causa oficialista. Aunque el gobierno kirchnerista y sus simpatizantes incondicionales juran que sólo se trata de una patraña monstruosa urdida por el FBI norteamericano, la mayoría da por descontado que lo dicho en Miami se acerca mucho más a la verdad de lo que lo hacen las "explicaciones" pueriles ensayadas por los voceros oficiales. En efecto, a esta altura, muy pocos pueden dudar de que por órdenes del caudillo venezolano, Hugo Chávez, millones de petrodólares llegaron a los bolsillos de los Kirchner para que los gastaran a su antojo. En cuanto a la relación de la presidenta y su marido con empresas del área de la salud, algunas de ellas encabezadas por personajes que se investigaban por diversos delitos y que, como si esto no bastara, se asociaban con narcotraficantes, las implicancias son aún más siniestras que las supuestas por los lazos de integrantes del gobierno nacional con el chavismo.

Tarde o temprano, todos los involucrados de un modo u otro en estos asuntos turbios tendrán que rendir cuentas ante la Justicia. En verdad, ya deberían estar haciéndolo, pero en nuestro país es tradicional que mientras un gobierno conserve una cuota suficiente de poder, no tendrá que inquietarse por la eventual ilegalidad de sus procedimientos. Así y todo, de continuar acumulándose la evidencia -por cuestionable que fuera desde un punto de vista jurídico- en contra de los Kirchner y miembros de su entorno, llegará el día en que la sociedad, acompañada a regañadientes por buena parte de la clase política, decida que no serviría para nada continuar postergando los juicios correspondientes. ¿Sucederá antes de diciembre del 2011? Dadas las circunstancias, nos convendría prepararnos anímica y políticamente para tal eventualidad.

No es una cuestión ideológica. Tampoco tiene que ver con la postura del gobierno nacional frente a Estados Unidos y Venezuela. Lo que está en juego es el respeto que todo funcionario debe a la ley. Mal que les pese a los entusiasmados por la idea de la hermandad latinoamericana, es ilegal que mandatarios de otros países de la región procuren incidir en los resultados de nuestras elecciones enviando millones de dólares a los candidatos que más les complacen. También, que las agrupaciones políticas acepten dinero de procedencia nada clara, como parece haber sido el caso con los 200.000 dólares aportados por Seacamp SA, la empresa del asesinado Sebastián Forza.

Pues bien: ¿estarán dispuestos los líderes de la clase política argentina a anteponer el respeto por la ley a su "lealtad" hacia gobernantes que hace poco eran populares o a su miedo comprensible de que tomar en serio lo que está ocurriendo signifique condenar al país a un período de turbulencias institucionales muy riesgosas? Hasta ahora, la mayoría ha preferido hablar como si carecieran de importancia las denuncias directas o indirectas planteadas por el juicio en Miami y la investigación de la relación entre el gobierno y los tres empresarios cuyos cadáveres acribillados fueron encontrados en General Rodríguez. De esta manera, el país sigue acostumbrándose a que sus gobernantes actúen como si se creyeran por encima de la ley y por lo tanto con derecho a violarla de la forma más flagrante, lo que no puede sino tener consecuencias gravísimas para la sociedad en su conjunto. Además de ser inmoral, la corrupción tolerada atenta contra el desarrollo, ya que muchas decisiones clave serán tomadas por personas más interesadas en su propio patrimonio que en el bienestar común, perjudicando así a los más pobres cuyo destino dependerá casi por completo de la evolución de la economía. Asimismo, como el gobierno se ha encargado de recordarnos, el desprecio oficial por las normas más básicas nos aleja de los países más avanzados mientras cerramos filas con otros en que imperan entre los dirigentes los mismos valores éticos que según parece rigen aquí.