La gerenta departamental de la Auditoría General del Banco de la Provincia del Neuquén, Claudia Schaigorodsky, reclamó castigos para funcionarios de la sucursal Buenos Aires por conductas irregulares que, a su juicio, favorecieron el fraude del grupo Temux. Las condenas van desde la sanción correctiva mayor pedida para Andrés Primac hasta las expulsiones de Alberto Cáceres y del ex gerente Carlos Herrera. Desde la Asociación Bancaria -cuyo secretario general, Juan José Zanola, rechazó las acusaciones, en particular las que pesan sobre Cáceres, delegado gremial- se alega que los así imputados son chivos expiatorios de las culpas de funcionarios superiores de la institución bancaria neuquina.

Según versiones recogidas en fuentes del banco, Schaigorodsky habría contado, para su dictamen, con la ayuda y asesoramiento de los abogados Ernesto Defilpo y Pablo Gutiérrez, ambos instruidos a tal fin por el presidente Omar Gutiérrez y la gerenta general Adriana Velasco.

A Primac el dictamen le imputa "implementar la cesión de un certificado de depósito a plazo fijo intransferible, utilizando la vía de endoso", con el agravante de que el endoso "se encontraba suscripto de manera incompleta".

También la "incorrecta instrumentación de operaciones crediticias otorgadas a las firmas Temux SA y Cooperativa de Crédito Santa Elena Ltda.". La penalidad solicitada es "la sanción correctiva mayor prevista en el artículo 24, inciso "d" del reglamento general del banco".

Expulsiones

En el caso de Cáceres, la contadora Schaigorodsky dice coincidir con la instructora sumariante en que intervino "mediante su usuario y clave personal en la confirmación de las transacciones pertinentes del sistema informático Bantotal que implicaron la acreditación y liquidación del contravalor en pesos consecuente en cuenta corriente de ordenes de pagos de exportación relativas al cliente Temux SA, sin que hayan ingresado en la cuenta del banco corresponsal del exterior, Standard Charterer Bank, las divisas correspondientes a dichas operaciones, y sin que exista autorización formal de los niveles con facultades crediticias adecuadas para autorizar el consecuente financiamiento crediticio irregular que implicó dicha operatoria". A juicio de la auditora, Cáceres no queda eximido de responsabilidad por haber seguido instrucciones del ex gerente Herrera, porque su superior inmediato era el gerente financiero, Carlos Maidub. Por esas y otras razones el dictamen recomienda aplicar a Cáceres la sanción de expulsión (artículos 21 y 24).

Una sanción similar prevé para Herrera el pronunciamiento de la auditora Schaigorodsky, basado en que "como gerente de la sucursal Buenos Aires y responsable de Comercio Exterior ordenó y/o autorizó prácticas cuyo apartamiento a las pautas del directorio y gerencia de créditos, y del Banco Central, dio origen a un importante perjuicio para el banco". De estas últimas líneas del dictamen surge, no obstante, que Herrera sí habría autorizado las decisiones supuestamente adoptadas por Cáceres. Es público, además -así fue publicado, sin desmentidas, en este diario- que el entonces presidente del banco, Félix Racco, dijo que él había autorizado los descubiertos en la cuenta corriente de Temux.

Con todo, tanto Herrera como Cáceres siguen perteneciendo a la planta de personal del banco. Están "desafectados" de sus cargos desde hace más de tres años, pero continúan percibiendo sus haberes. Lo más llamativo es que son los únicos alcanzados por la "desafectación" que los privó del "afecto" de las autoridades de la entidad.

El sumario del Central

Como era de esperar, el fraude de Temux originó la instrucción de un sumario en el Banco Central, número 1.131, en el que quedaron involucrados el mismo BPN y funcionarios de alto nivel. En ese sumario se habría glosado un texto que denuncia responsabilidades en la estafa de altos directivos de la institución del Estado neuquino.

Ese texto apunta a señalar responsabilidades de la línea gerencial del banco, por conductas que habrían contribuido a que se consumara el fraude. Pide que, por tal razón, se incluya en el sumario a la actual gerenta general, Adriana Velasco, al ex gerente de contaduría Néstor Pizzi, al ex subgerente de Negocios Gustavo Fernández, a Gabriela Naimo, ex gerenta de créditos, a los funcionarios Carlos Maidub, Osvaldo López Rodino, Horacio Trabanco y al ex subgerente de créditos, Daniel Merodio, casi todos ellos ubicados actualmente, del mismo modo que Velasco, en rangos superiores.

De Naimo, el escrito dice que, como todos los nombrados, tenían la clave que les permitía acceder al sistema informático Bantotal. Ello no obstante, habría omitido informar a instancias superiores sobre descubiertos en cuentas corrientes del grupo Temux que excedieran los autorizados. Sólo a fines del 2004 el directorio habría autorizado, según surge del acta 109 del 16 de diciembre de 2004 firmada por Naimo y Merodio, una autorización de giro hasta un millón de pesos. Pero también destaca que los nombrados Maidub, Velasco y Naimo recurrieron a una maniobra para encubrir el fraude.

El importe pactado por la operación de alquiler de bonos Lebacs a Santa Elena Bursátil fue cercano a los siete millones de pesos mencionada por Juan Pablo Bugner en una solicitada publicada en este diario y concretada para "reducir la deuda" del grupo Temux (lo que equivale a decir que Temux no pagó un solo peso por el alquiler de los Lebacs, sino que aceptó que ese monto se incorporó a su cuenta corriente para reducir la deuda).

Al parecer, Bugner no consultó al directorio del banco respecto de esta operación, pero sí lo habría hecho ante el ministro de Hacienda, Claudio Silvestrini, de quien dependía.

"No existen constancias" -advierte el documento- de que los gerentes y sus subordinados inmediatos hayan informado -en cumplimiento de lo dispuesto en manuales y reglamentos del banco- respecto de las medidas adoptadas, tanto en lo referente a los descubiertos como en la liquidación de una operación de comercio exterior de Temux que significó la incorporación a la estafa de unos cuatro millones de dólares.

JORGE GADANO

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