La reciente audiencia pública convocada por el municipio para escuchar opiniones sobre un eventual aumento de tarifas en el transporte urbano fue útil a su modo.

Permitió canalizar la vocación participativa de numerosos trabajadores y estudiantes, que por obvias razones se manifestaron en contra de cualquier ajuste que afecte sus bolsillos. Las empresas prestadoras, también dentro de lo esperable, demandaron una urgente recomposición de sus ingresos y aseguraron que de otra forma el sistema es inviable.

Pero más allá de las posiciones confrontadas, la audiencia no derivó en ninguna conclusión válida porque nadie explicó lo fundamental: cuál es la rentabilidad actual de las concesionarias y cuál sería con un nuevo precio de los boletos.

El municipio pretende llevar la tarifa mínima de 1,30 a 1,60 peso y tanto la Tres de Mayo como la Codao (que se reparten el negocio) exigen 1,75. Sin embargo, ni unos ni otros esclarecieron a los vecinos sobre el rédito proyectado con cada uno de los cuadros tarifarios.

La pregunta no es ociosa. Basta con anotar que el municipio da por seguro que el boleto a 1,60 le asegura a las prestadoras la cobertura total de sus costos y una rentabilidad del 20% sobre la facturación bruta. Estas últimas alegan, por el contrario, que hoy trabajan a pérdida y lo seguirán haciendo con un boleto de 1,60. Sus dueños juran que 1,75 es la tarifa "de equilibrio" para alejar el riesgo de colapso.

Si los contadores no se ponen de acuerdo, qué queda para los vecinos. Esos mismos vecinos que fueron con todo empeño a defender su economía familiar a una audiencia donde el verdadero meollo de la cuestión estuvo ausente.

Sin dudas que el sufrido usuario se llevó una mochila llena de preguntas sin responder. ¿No deberían las empresas abrir sus números sin condición alguna, cuando el suyo no es cualquier negocio sino la explotación de un servicio público de primera necesidad? ¿Por qué si trabajan a pérdida y sin contrato no sugieren siquiera la posibilidad de abandonar el servicio? ¿No corresponde que el municipio haga público los datos centrales de su estudio de costos, incluido el "punto fijo" realizado sobre la caja de la Tres de Mayo para conocer sus ingresos reales? ¿Alcanza con decir que el expediente de varios cientos de fojas está a disposición de los interesados en la dirección de Tránsito? ¿No es demasiado garantizarle a las empresas una rentabilidad del 20%, cuando se trata de una actividad monopólica y de poco riesgo?

El transporte urbano, en Bariloche y en cualquier otra ciudad de su tamaño, es un tema sensible para una importante porción de la comunidad.

El actual gobierno municipal empezó por decir que no convalidaría ningún aumento del boleto y dispuso un subsidio mensual de 150 mil pesos para compensar los mayores costos. Pero ahora el intendente Cascón está decidido a aplicar una suba no menor al 23%, con cargo a los usuarios, y a archivar el subsidio.

Es cierto que los aportes para evitar un boleto de 3 pesos deben provenir en mayor medida de las arcas nacionales y provinciales, como ocurre en el resto del país. Pero una conducta tan errática e improvisada del gobierno local no hace más que contribuir a la confusión. Está visto que sean trenes, aviones o colectivos, en ningún lado el transporte de pasajeros funciona sin una fuerte inyección de dineros públicos.

Pero en los colectivos urbanos los usuarios provienen casi sin excepción del sector social más postergado. Un subsidio aplicado allí tal vez sea el más justo de todos. Mucho más que las cuantiosas sumas destinadas a abaratar el gas natural, que usan las clases medias y altas mientras los pobres dependen de la garrafa y la pagan a precio de mercado. Mucho más también que los bajos consumos de luz, donde los subsidios son aprovechados tanto por las casillas con dos lamparitas como por las 'segundas residencias' que están ocupadas 'pocos días por mes.

Claro que en el transporte local también hay distorsiones insostenibles. Los pases gratis de los que disfrutaban 1.340 empleados municipales ya fueron eliminados hace un par de meses y el mismo destino debería tener ya mismo el boleto escolar semigratuito para alumnos de colegios arancelados.

Pero el tema de fondo es cómo garantizar movilidad barata a las personas de menos recursos. Y en ese terreno, cualquier aporte del Estado no puede ir a sostener un negocio cuya ecuación económica es inaccesible aun para los especialistas.

DANIEL MARZAL

dmarzal@rionegro.com.ar