LA PAZ (AFP) - El epicentro de la violencia política en Bolivia se trasladó ayer a la ciudad de Cobija, enclavada en la selva del norte de Bolivia, fronteriza con Brasil, donde tropas del ejército intentan infructuosamente tomar el control e imponer el orden, dijeron medios locales.

"Los disparos de ametralladoras todavía siguen sonando", reportó a la radio católica Erbol, a pesar de que está en vigor un estado de sitio en la región del departamento de Pando para detener la violencia que se ha cobrado al menos 16 muertos, según datos oficiales.

Grupos que obedecen a las organizaciones civiles de derecha "resguardan armados" las oficinas públicas de Impuestos, telecomunicaciones, aduana y otros en poder de los opositores al gobierno, informó la radio estatal Patria Nueva.

Se ven civiles armados

Los militares están en poder del aeropuerto de Cobija, pero "los disparos continúan y se ven a civiles en las calles con armas", dijo un reporte de Erbol.

Otras versiones dijeron que el prefecto Leopoldo Fernández, a quien el gobierno responsabiliza por la muerte a bala de ocho campesinos leales al presidente Evo Morales, dejó Cobija para pernoctar en la vecina y fronteriza ciudad brasileña de Brasilea, junto a la dirigente civil, Ana Melena.

Un congresista de la oposición, José Villavicencio, ex presidente del Senado, "camina junto a gente armada" por la ciudad atemorizando al pueblo, dijo una periodista a una radio local.

El gobierno boliviano dictó el estado de sitio en Pando frente al clima de creciente violencia política en el lugar.

Cuando se realizaba un operativo militar para tomar el control del aeropuerto la noche del viernes, civiles abrieron fuego contra las tropas con un saldo de un muerto y seis heridos, según datos oficiales.

Estas víctimas se suman a otras ocho que murieron el jueves en choques entre oficialistas y opositores.

La terminal aérea de esa ciudad estaba ocupada desde el miércoles por grupos de civiles afines al prefecto Fernández en el marco de protestas que llevan adelante cinco regiones rebeldes contra el gobierno.

Morales está confrontado con los prefectos opositores y líderes civiles de cinco regiones por su intención de validar en un referendo en enero su proyecto de una nueva Constitución de corte estatista e indigenista.

Las regiones rebeldes demandan además la devolución de un impuesto regional que el gobierno utiliza para pagar un bono de vejez y demandan el reconocimiento a procesos autonomistas que impulsan contra el centralismo de La Paz, pero que el gobierno califica de ilegales y separatistas.

Son los sicarios, acusa

En este marco, Morales dijo ayer ante la prensa internacional que que son "los sicarios brasileños y peruanos", con la protección de un gobernante opositor, los que tuvieron activa participación en las muertes en Pando.

De inmediato, la cancillería peruana emitió en Lima un comunicado en el que expresó preocupación por la presunta participación de sicarios peruanos y señaló que "se está solicitando a las autoridades bolivianas la información que sustente tal presunción".