SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La audiencia pública convocada para analizar la tarifa del transporte urbano registró numerosas críticas al aumento del 23% propuesto por el municipio, que se extendieron también sobre la baja calidad del servicio.

La defensa del incremento quedó a cargo de los titulares de las empresas concesionarias, sus empleados, sus abogados y un par de vecinos, a cuyo juicio, es indispensable reconocer a las dos firmas "todo lo que hacen por la ciudad".

El municipio sometió a debate ayer su iniciativa para llevar la tarifa mínima de 1,30 a 1,60 peso, aunque el director de Tránsito y Transporte, Alejandro Valdés, no explicó de qué forma arribaron a ese número.

Ante una pregunta de este diario, Valdés dijo que evaluaron los costos actualizados de las empresas y le reconocieron también una rentabilidad del 20% sobre la facturación bruta, "tal como determina el estudio técnico encargado por el municipio en 2004".

Entre los oradores hubo dirigentes estudiantiles con opiniones generalizadas en contra del aumento. También referentes vecinales y el vocero del Consejo de Ingeniería, Roberto Ahumada, expresaron su rechazo.

Julieta Barbato, del Instituto de Formación Docente, repudió el ajuste pretendido y subrayó que el último aumento, impuesto en marzo de 2006, "no se vio reflejado en una mejora del servicio". También atacó al sindicato de los choferes, por defender la suba del boleto "en complicidad con la patronal".

El dirigente estudiantil Pedro Bravo se preguntó qué hacen las empresas con las ganancias. Aseguró que el aumento de boleto es perjudicial para todos y propuso que el transporte "pase al Estado o a manos de los trabajadores".

Miriam Álvarez habló en nombre del Partido Obrero y descreyó de las pérdidas que alegan las empresas. Hizo notar que, a pesar de ello, la Tres de Mayo expandió sus negocios a La Angostura y a la Línea Sur.

En nombre de la entidad que agrupa a los ingenieros, Ahumada, se pronunció en contra del aumento mientras no exista una metodología de cálculo aprobada por ordenanza "que avale los nuevos importes".

Dijo que deberían revisarse en detalle "los salarios de los trabajadores y la rentabilidad de la empresa" y cuestionó "la inobservancia de las prestadoras a los requerimientos de calidad".

Justamente las frecuencias insuficientes, los colectivos rotos y la saturación en horarios pico fueron motivo de queja recurrente entre la mayoría de los expositores. El propio presidente de la Tres de Mayo, Guido Dal Pozzo, aceptó que la prestación tiene falencias serias pero dijo que la suya es una empresa privada y "para hacer cualquier cosa hacen falta ingresos".

Dal Pozzo empleó buena parte de sus cinco minutos en un mensaje de tono emocional. Dijo que las transportistas no son formadoras de precios y negó que tengan intención de confrontar con los usuarios.

El empresario perdió la oportunidad de aclarar, como lo dijo con anterioridad en otros ámbitos, que rechaza por "insuficiente" el aumento impulsado por el municipio y los números sólo le cerrarían con un boleto mínimo de 1,75 peso.

Tampoco fue explícito en ese punto el directivo de Codao Orlando Ortega, quien defendió las inversiones en nuevas unidades realizadas que realizaron en los últimos años.