SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez Martín Lozada dictó el procesamiento por hurto de una mujer a quien acusan de haberse apropiado de más de 70 mil dólares que un matrimonio que le brindaba su amistad tenía en su domicilio.

Los padres también quedaron procesados, pero como presuntos coautores del delito de encubrimiento.

Con el producto del ilícito la sospechosa se habría comprado al contado una moderna camioneta japonesa que le costó 148 mil pesos, pero su situación patrimonial no le permitiría realizar esa adquisición, que figura en cabeza de su madre, una mujer que cobra un salario que la ubica por debajo de la línea de pobreza.

El juez Lozada le atribuye a Gilda Silvina Córdoba, de 32 años, que entre las 14:30 del 14 de julio de 2007 y las 21 del día siguiente utilizó una copia de las llaves que en su momento le facilitaran los damnificados para ingresar al departamento situado en la esquina de Elflein y Onelli en ausencia de sus moradores. Agrega que una vez allí la imputada revisó las dependencias y se apoderó de los 60 mil dólares y el equivalente a poco más de 10 mil dólares en distintas divisas que las víctimas atesoraban en un placard, además de tres pares de zapatos de mujer.

A María Isabel Giménez y Jorge Juan Córdoba, los padres de Silvina Córdoba, que es como la conocían las víctimas y también en "Capacitas", donde se desempeñó como secretaria, el juez Lozada les imputó haber recibido el dinero y utilizarlo en forma inmediata, en conocimiento de su origen ilícito. Ellos, según investigó el magistrado, adquirieron el 19 de julio de 2007 el vehículo Toyota Hilux SW4 4 x 4 en la empresa Nipón, y abonaron por él 148 mil pesos.

El magistrado valoró una serie de indicios para fundar el procesamiento, y entre ellos enumeró que Silvina Córdoba sabía que los damnificados guardaban en su domicilio una suma de dinero para comprar una casa. La imputada tuvo en su poder las llaves originales de la casa, que le entregaron para facilitar su ingreso cuando la damnificada estaba enferma. Sabía que ese día abandonaban la ciudad por 24 horas, porque al salir pasaron por su casa, pero se aseguró haciendo dos llamados al domicilio con posterioridad. La vinculación de la imputada es evidente, porque es quien lo utiliza y contrató el seguro. Estableció que Córdoba y sus familiares vendieron divisas en Roca, de donde es oriunda, y sus padres habitan un departamento en un barrio de viviendas sociales.

Lozada estableció que al menos tres familias vinculadas con la sospechosa fueron víctimas de robos con armas mientras mantuvieron esa relación, y que no existen pruebas de su supuesto cáncer de útero, enfermedad con que sensibilizaba a sus víctimas y las hacía volubles.

Esa argucia fue esgrimida en ocasión de que la descubrieran cometiendo otro ilícito, una defraudación por la que debe ser llevada a juicio, para suscitar la compasión de los acusadores y de quienes se convertirían en probables víctimas, según el juez Martín Lozada.