A lo largo de estos cinco años que lleva instalado en el poder, el kirchnerismo ha dado sobradas muestras de ser reacio a la hora de reconocer situaciones sobre las que desde distintos sectores sociales urgen un tratamiento prioritario. Remisos también para transitar por la vereda de la autocrítica, casi siempre son funcionarios de segunda o tercera línea, pero siempre allegados al poder central, los encargados de quitarles a sus jefes la molestia de tener que exhibirse frente a la ciudadanía para admitir que tal o cual cuestión existía y que, definitivamente, ameritaba una respuesta de parte del gobierno.

Siempre en este rumbo, llegaron inclusive a clausurar, por todos los medios, caminos investigativos que conducían a un necesario deslinde de responsabilidades, como ocurrió con aquella transferencia de fondos que Néstor Kirchner efectuara hacia bancos extranjeros mientras era gobernador de Santa Cruz, negándose sistemáticamente a brindar una explicación minuciosa y precisa que acreditara -con la prolijidad que es dable exigir en un caso así- el destino final de semejante cantidad de dinero.

Pero si de reconocimientos tardíos hablamos, se pueden convocar algunos ejemplos, como el de las recientes retenciones y la finalmente modificada resolución 125, que dejó inaugurado un conflicto con el campo que bien pudo haberse evitado, o la puesta en marcha de un "plan de salvataje" (bastante tardío, por cierto) para una aerolínea nacional que desde hace varios años viene siendo sometida a un impiadoso desguace sin que ningún organismo de control haya sido capaz de detectarlo.

O sea: ante la aparición de un conflicto, el gobierno lo niega, lo niega y lo vuelve a negar, creyendo que si le tapa la cabeza logrará cuanto menos neutralizarlo, hasta que finalmente la realidad termina superándolo y tiene que admitirlo, asumiendo no sólo un costo político ciertamente innecesario sino, además, teniendo que absorber luego la responsabilidad directa por daños irreversibles generados en el mientras tanto.

Esto es lo que está ocurriendo con el tema (ya abordado en estas mismas líneas) del ex Banco Hipotecario Nacional y los adjudicatarios pre convertibilidad (anteriores a marzo 1991), que año a año vieron crecer desmesuradamente su deuda a raíz de una premeditada suba de las tasas de interés y una posterior capitalización de los mismos, que potenció los saldos de capital hasta límites francamente imposibles de ser atendidos. Viene al caso recordar que lo dicho ha sido refrendado por reiterados fallos de juzgados provinciales a lo largo y ancho del país.

Duramente trabajaron diferentes organizaciones de deudores para que este problema se instalara en la consideración pública y en la órbita legislativa. De manera tangencial comenzó a recorrerse un camino positivo a partir de la ley 25.798, que en el año 2003 creó un sistema de refinanciación para mutuos hipotecarios que habían caído en mora entre enero del 2001 y setiembre del 2003.

Sobre esta base se sancionó la ley 26.177, modificando el artículo 23 de la 25.798, creando una comisión llamada Unidad de Reestructuración que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Economía y que tendría como objeto el análisis y propuesta de reestructuración de aquellos mutuos hipotecarios pactados entre los "perjudicatarios" y el ex Banco Hipotecario Nacional.

Dicha comisión finalmente quedó integrada y trabajó conforme los objetivos propuestos, emitiendo un dictamen que disponía una reestructuración crediticia respetando las condiciones establecidas en la operatoria de origen, al tiempo que descartaba totalmente la capitalización de intereses.

Este proyecto fue al Poder Ejecutivo nacional que, a través del decreto 1.853/07, le introdujo algunas observaciones puntuales, quitándole al deudor hipotecario algunos de los beneficios comentados y muy especialmente negándole la posibilidad de que los créditos sean recalculados teniendo en cuenta únicamente las condiciones establecidas por la operatoria de origen.

Finalmente la ley quedó sancionada con tales modificaciones, seguramente impulsadas por el propio banco, cuya mitad accionaria sigue en manos del Estado nacional.

Ahora bien. Para que los adjudicatarios puedan verse beneficiados por esta nueva reestructuración crediticia, es necesario que la ley sea reglamentada y rápidamente aplicada, llevando así inmediata solución a miles de familias argentinas, muchas de las cuales se encuentran en zona de riesgo y a punto de perder su única vivienda, tal como lo reconoce la propia fundamentación del texto legal.

Ya estamos transitando el último cuatrimestre del año y aún no hay novedades al respecto.

Varios de los últimos discursos de Cristina Fernández de Kirchner han hecho referencia a reales situaciones de angustia y postergación que atraviesan miles de compatriotas, muchos de los cuales integran las diezmadas filas del 30% de pobres que a la fecha aguardan un destino mejor en la Argentina. A ellos se les viene prometiendo, reiteradamente, un trato preferencial para sus angustias.

Sería oportuno entonces que, con la misma rapidez utilizada para echar mano de un decreto (de vidriosa constitucionalidad) y disponer así de más de 6.000 millones de dólares de las reservas para saldarle la totalidad de la deuda al lobby conocido como Club de París, se resuelva el acuciante problema de tantos argentinos hipotecados.

No alcanza con discursear acerca de las bondades de la democracia y el reparto equitativo que alguna vez, según se dice, se ocupará de paliar las necesidades más elementales de los más urgidos. Si de verdad se quiere hacer justicia, no cabe otra cosa más que respetarle a cada uno su derecho en las situaciones reales y concretas a medida que éstas se van presentando.

En el caso traído a comentario, injustamente demorado, se trata de reglamentar de la manera más rápida y efectiva la ley 26.313 para que, a pesar de la cosmética introducida por el Poder Ejecutivo nacional, pueda comenzar aplicarse cuanto antes en beneficio de la gente.

MARIO ÁLVAREZ (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Abogado