VIEDMA (AV)- La Cámara Argentina de Bebidas Energizantes (CABA) accionará judicialmente contra cualquier resolución que les impida vender sus productos, según anunció aquí su representante Andrés Vago. El hombre se trenzó en una polémica con los concejales de esta ciudad que buscan legislar sobre el supuesto perjuicio que causa en los jóvenes cuando lo mezclan con el alcohol en sus salidas nocturnas.

La medida cautelar está ligada a evitar el lucro cesante que les provocarían las restricciones al consumo en un local de diversión durante los fines de semana.

Vago fue recibido por la presidenta del Concejo Deliberante, Hilda Schlitter, y los ediles Fabiana Malpelli, Agustina Kehller, Laura Ramos y Pedro Sánchez (Alianza). Participaron del controvertido encuentro Liliana Andaloro y Luis Nievas (FpV), y Ariel Gallinger (ARI), el presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana, Daniel Meiriño, y el titular de Juntas Vecinales, Mario Fernández.

El directivo empresarial había solicitado una entrevista con los legisladores locales para exponer la postura de la entidad a la que representa en torno a la discusión por el consumo de este tipo de bebidas. Al respecto, existe un anteproyecto presentado por Gallinger. Impulsa la prohibición expresa de vender o suministrar cualquier tipo de bebida energizante en base al artículo 1 de la disposición N° 3.634 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat). En etapa de elaboración, existe otro borrador sobre la misma temática por parte de Kehller.

En el intercambio de opiniones, el directivo intentó relativizar los efectos nocivos de esta bebida en virtud de que tiene los mismos efectos que la cafeína contenida en una gaseosa cola. Planteó que está aprobada por la Anmat y además "no está comprobada (que afecte al ser humano) en su interacción con el alcohol". "Es como tomar café", entendió el represante de CABA.

Luego se mostró en desacuerdo en las limitaciones a la venta a los adultos dado que "saben lo que hacen" rechazando las restricciones a menores aunque las aceptó.

Gallinger desestimó el razonamiento y reivindicó la facultad que tienen los concejales para actuar en este tipo de situaciones, en razón de que el Estado debe estar presente.