SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Deliberante local suspendió ayer la ordenanza que había impuesto meses atrás un nuevo régimen municipal de obra pública y que nunca fue reglamentada, lo cual paralizó numerosos proyectos para el tendido de gas, agua y cloacas.

En adelante y por un lapso acotado, las obras deberán ajustarse a la ley provincial 286 y sus numerosas modificaciones.

Los ediles aprobaron en paralelo una regulación provisoria para la obra pública delegada, que regirá hasta que el municipio cuente con un nuevo marco normativo.

Los cambios sancionados ayer permitirán licitar y ejecutar de inmediato varias obras de gas, redes de agua, veredas, asfalto y varios proyectos incluidos en el Presupuesto Participativo, que esperan desde hace meses por las trabas aludidas.

La ordenanza ahora suspendida recibió sanción el 10 de noviembre pasado con el voto unánime del anterior Concejo, pero siempre fue resistida por los funcionarios técnicos del municipio.

Los principales referentes del Consejo de Ingeniería, por su parte, la calificaron como un "engendro".

Por esos días el actual intendente Marcelo Cascón, quien ocupaba el mismo cargo en condición de interino, desoyó múltiples pedidos para que vete la ordenanza.

El entonces secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Álvarez, y el director de Obras Por Contrato (de planta), Oscar de Paz, habían manifestado su abierto rechazo al nuevo régimen y dijeron que resultaría "inaplicable".

Cascón admitió en su momento que la discusión entablada no era exclusivamente técnica sino que tenía componentes "políticos".

Al aprobar la norma, los ediles habían argumentado que garantizaría "la igualdad de oportunidades para las pequeñas empresas locales frente a las grandes contratistas" y también que permitiría dotar a la obra pública de "eficacia y transparencia".

Pero aun con la ordenanza promulgada, la burocracia municipal jamás la aceptó y el mecanismo de aprobación de obras delegadas quedó trabado durante meses.

Varios proyectos muy esperados por los barrios quedaron de esa forma al borde de perder el financiamiento nacional.

Ayer el concejal Hugo Cejas (SUR) subrayó que la suspensión es "transitoria", con vigencia hasta el 31 de diciembre, y en ese plazo el Ejecutivo deberá proponer una nueva normativa propia. Dijo que la salida encontrada sólo busca "desbloquear iniciativas en favor de los vecinos".

Finalmente, Darío Rodríguez Duch (ARI) señaló que con el ajuste normativo "ya no habrá excusas para postergar las obras que esperan muchos barrios".