VIEDMA (AV).- El bloque del PJ recurrió al Superior Tribunal de Justicia para que el gobierno libere el acceso a todos los expedientes relacionados con la droguería Gavazza.
A través de un mandamus, la oposición pretende que el tribunal judicial exija al fiscal de Estado, Alberto Carosio, que cumpla con la ley de Acceso a la Información Pública frente a su "continua reticencia para brindar la información, negándose a exhibir los expedientes administrativos mediante los cuales la provincia autorizó a Gavazza a seguir proveyendo de medicamentos" a Río Negro tras el caso del Yectafer adulterado que derivó en la muerte de Verónica Díaz, en diciembre de 2004.
Mientras tanto, el accionar del fiscal Carosio será evaluado hoy a las 20 en la sala Acusadora de la Legislatura, también a partir de un pedido del bloque del PJ, que pretende el juicio político por los datos existentes en la causa penal que se tramita el juez Alejandro Moldes. A Carosio -que se lo llamó a indagatoria y su desafuero fue rechazado por la Legislatura- se lo investiga por excedentes pagados (que superarían los dos millones de pesos) a estudios jurídicos en acuerdos extrajudiciales.
La sala acusadora la preside Adriana Gutiérrez y también la integran Daniel Sartor y María Inés García y los justicialistas Carlos Peralta y Silvia Horne.
El trámite se demoró más de dos meses porque la Legislatura tuvo que aprobar el reglamento de funcionamiento pues la ley respectiva fue derogada por el Digesto.
Esta noche, el oficialismo propondrá -directamente- el archivo de la acusación contra Carosio. El PJ insistirá la apertura de pruebas para evaluar los hechos que se le imputan en la solicitud de juicio político.
Por su parte, los diputados Peralta y Martín Soria concurrieron ayer al STJ para presentar el mandamus en la búsqueda de obtener mayor información sobre los trámites administrativos y jurídicos en la causa droguería Gavazza.
En diálogo con la prensa, Peralta explicó que se recurre a la Justicia "ya que el fiscal de Estado pretende seguir ocultando los extraños negocios del gobierno rionegrino con el proveedor del Yectafer adulterado, del faltante de remedios oncológicos y de los troqueles truchos del Ipross.
Por su parte, Soria manifestó que el gobierno de Río Negro "viene comprando medicamentos por varios millones desde finales de los '90 a un laboratorio que no tenía autorización para transacciones comerciales interjurisdiccionales de especialidades medicinales. Lo detectó un juez en el 2005 y ningún funcionario u organismo provincial tomó cartas en el asunto", insistió.
El legislador consideró que el Fiscal de Estado "no quiere" entregar los expedientes administrativos que detallan quién era la ministra de Salud, quién estaba a cargo del Ipross, quién era el director a cargo de la Dirección de Suministros al momento de decidirse la continuidad de las compras a Gavazza.
"En esos documentos surge quienes fueron los funcionarios públicos que incumplieron con las leyes provinciales y posibilitaron que una droguería vendiera -sin la debida autorización- medicamentos a la provincia durante tantos años", completó el presidente del bloque.
