LA PAZ (AFP/AP) - El gobierno boliviano denunció que la violencia desatada en cinco regiones del país con la toma y saqueo de empresas públicas busca desencadenar una guerra civil, y el presidente Evo Morales pidió la expulsión del embajador estadounidense.
Morales acusóal diplomático, en un acto público, de promover los disturbios en cinco de los nueve departamentos del país, donde rechazan el proyecto de nueva Constitución que el gobierno pretende hacer aprobar en un referendo en enero.
Entre las acciones violentas, la empresa Chaco confirmó que explotó un gasoducto en un acto que el gobierno calificó como un "atentado terrorista'' de parte de los grupos opositores radicalizados que tomaron campos petroleros, ante lo cual amplió el despliegue militar para proteger esas instalaciones. Técnicos de la empresa petrolera dijeron que el incendio se debió a una presión en el ducto después de que grupos de manifestantes opositores cerraran una válvula de paso. De cualquier modo, se cortó el suministro de gas natural a Argentina y parcialmente el abastecimiento a Brasil .
Vuelta Grande -que produce diariamente 83 millones de pies cúbicos de gas (2,3 millones de m3) que es despachado a Argentina (entre 1 y 1,5 MMC) y saldos fluctuantes a Brasil, país que en total consume 31 millones de m3- paró operaciones para proteger al personal, dijo el ejecutivo.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Saúl Avalos, confirmó el miércoles "el cierre de válvulas" pero aseguró que "las exportaciones de gas a Brasil, Argentina y al mercado interno están garantizadas".
El brote de violencia comenzó el martes en Bolivia con saqueos de oficinas públicas, tomas de plantas petroleras y la ocupación por la fuerza de tres aeropuertos en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando busca crear condiciones para "una especie de guerra civil", según el vocero presidencial Iván Canelas. La estrategia de los alzados -cercanos a las prefecturas de oposición y a organizaciones civiles de derecha- es "buscar un enfrentamiento con militares y policías", que fueron agredidos el martes por turbas en Santa Cruz, señaló Canelas.
El ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, advirtió la noche del martes: "No vamos a caer en provocaciones fascistas (...), vamos a actuar con serenidad, pero también con firmeza democrática, legal y constitucional".
Las crecientes tomas de oficinas públicas -que continúan en Tarija donde grupos de derecha intentan ocupar las sedes de Impuestos y de Reforma Agraria, además del aeropuerto- no empujarán sin embargo al gobierno a declarar estado de sitio, señaló. El clima de rebelión es "el inicio de un golpe de estado civil-prefectural, contra la unidad del país y contra la democracia", dijo.
Mientras tanto, cientos de cocaleros del Chapare afines al presidente Morales iniciaron cortes en una ruta principal que une el oeste (Cochabamba y La Paz) con Santa Cruz, por donde fluye el grueso de las exportaciones de esa región a ultramar, según su dirigente Pedro Domínguez. "Estamos haciendo el cerco a Santa Cruz porque ya hemos aguantado demasiado y pedimos la renuncia del prefecto (de esa región, Rubén) Costas", agregó. En Tarija la violencia iba en ascenso por los intentos de grupos de derecha de ocupar oficinas públicas.
La Iglesia Católica pidió al oficialismo y la oposición dialogar para descomprimir la situación. "Hago un fuerte y vehemente llamado a la pacificación y al respeto de la vida", dijo el obispo Jesús Juárez, secretario general de la Conferencia Episcopal, máxima instancia católica.
