A 35 años del golpe militar que quebró la democracia chilena, pocos rastros sobreviven de ese período y la épica de Salvador Allende. Los diputados socialistas, en el poder desde 1990, parecen lejanos a las gestas de su mítico líder y, de hecho, no dudan en subir a 1.700 dólares su asignación mensual en gasolina, en un país donde el 85 por ciento de los hogares vive con menos que eso. El Ejército ya no interviene en política contingente y el Partido Comunista, otrora cabeza de la resistencia armada a la tiranía del fallecido general Augusto Pinochet, hoy cree que los cambios más profundos deben ir en la senda de las socialdemocracias nórdicas.
El trauma del quiebre institucional, que derivó en miles de desaparecidos, torturados y exiliados, parece haber borrado de la política chilena cualquier intentó de subversión o cambio radical. Incluso la presidenta Michelle Bachelet, a pocos meses de asumir en marzo de 2006, no dudó en abrazar en público a uno de los ex miembros de la Junta Militar, el general en retiro de la Fuerza Aérea Fernando Matthei, en señal de unidad. En paralelo, las Fuerzas Armadas no cuestionan que el ministro de Defensa, José Goñi, sea un ex líder del paramilitar Movimiento de Izquierda Revolucionario o que el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, es un ex capitán de la Fuerza Aérea leal a Allende que formó la aeronaútica sandinista que combatió a Estados Unidos.
En un solo punto, los consensos oficiales no admiten bifurcaciones. Es en la defensa del modelo económico, que fue impulsado en dictadura y mejorado con políticas públicas en democracia desde 1990, permitiendo que la pobreza bajara de 48 a 13 por ciento, aunque manteniendo patrones de inequidad en los ingresos. "No hay vuelta atrás. En momentos como estos (la crisis internacional), es preciso tomar el timón. Debemos perseverar en la senda del crecimiento", le dijo a la presidenta Bachelet el líder de los empresarios, Alfredo Ovalle, en una reunión gremial.
Nada en la política chilena reivindica las políticas de Allende, nada recuerda esos instantes, como no sean las dolorosas estelas que supuso la violación sistemática de derechos humanos en dictadura. Unos 3.000 chilenos y extranjeros fueron ejecutados y desaparecidos. Otros 50.000 torturados, incluidos niños de dos años, según informes oficiales. "La memoria social frente a estos crímenes sigue teniendo fuerza y el olvido está muy lejano, gracias al trabajo de las organizaciones de derechos humanos", opinó la portavoz de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García.
Pero a pesar de ello y las políticas de memoria impulsadas por Bachelet, en lo político nada induce a Chile a retomar el camino de la Unidad Popular que encabezó Allende. Sus ideas, abrazadas por gobiernos e izquierdas en América Latina, son un fantasma que recorre Chile, sin traspasar la frontera de las emociones cívicas.
Por Mauricio Weibel para DPA
