VIEDMA (AV)- Los alimentos preelaborados que reciben los niños en los comedores escolares y las familias carenciadas rionegrinas no tienen lugar real de elaboración identificado. Al menos así se lo hizo saber la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, al juez que investiga su denuncia acerca de estos productos, que el Estado le compra a la firma Flavors y Cía SA y a la UTE que ella conforma con Masily SA.

Los relevamientos y sondeos realizados por Piccinini le permitieron poner en conocimiento al juez Pedro Funes, mediante una ampliación de denuncia presentada ayer, que las etiquetas que identifican la mercadería en las que se lee "productos elaborados y fraccionados por Flavors y Cía SA" expresan una afirmación que "a todas luces no es real según consta en la certificación de Salud Pública que dice que la firma es fraccionadora", manifestó la funcionaria.

Inicialmente la defensora consideró que esa contradicción -de la que "Río Negro" dio cuenta el 28 de agosto- pudo deberse a un "error grosero y significativo". Sin embargo, en el marco de la investigación administrativa que Piccinini lleva adelante, obtuvo como información "contundente" de parte de funcionarios de las provincias de Mendoza y San Luis que las firmas cuestionadas no elaboran esos alimentos en sus respectivas jurisdicciones.

"La provincia de Mendoza confirmó que ni Masily SA ni Flavors y Cía SA ni su UTE se encuentran funcionando allí, siendo imposible en consecuencia que elaboren producto alguno. En similar línea la provincia de San Luis destacó que Masily SA está instalada en su parque industrial y que sólo produce puré de papas y caldos por lo que el resto de los productos citados -28 más- y que componen la integridad de los preelaborados que licita y provee Flavors y Cía SA a Río Negro fueron dados de baja del Registro de Alimentos Provincial a partir de la resolución 773/07 emitida por el Ministerio de Salud de Río Negro". Flavors y Cía SA debería producirlos desde ese momento en su planta de Conesa (ver aparte).

Consideró Piccinini que "no es difícil concluir que esa mercadería no tiene un lugar cierto de producción". Ante esta circunstancia, que calificó como de suma gravedad y con riesgo para la salud, solicitó al juez interviniente que con carácter de urgente cite a declarar a Daniel Fernández, apoderado y directivo de Flavors y Cía SA y de su UTE, para que explique lugar y establecimiento industrial donde se fabrican los productos fraccionados por Flavors y Cía SA en Conesa, autorizaciones libradas para desarrollar esa actividad, constancia de inscripción de los productos elaborados en el Registro Nacional de Productos Alimenticios, número de inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos, identificación de las bolsas que ingresan a la planta de fraccionamiento de Flavors y Cía en Conesa y otras circunstancias que permiten comprender su proveniencia y la certificación de su calidad.

La condición de fraccionadora de la planta de Conesa fue admitida por funcionarios provinciales, mientras que Jacques Matas, integrante de esa firma, dijo que "no es un fraccionamiento... es un tema semántico". Ayer "Río Negro" intentó profundizar el tema con el gerente de Producción de Flavors, Luis Rastrilla, quien evitó el diálogo.