LA PAZ (AFP/Télam) - La oposición al gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, intentó hoy tomar oficinas públicas nacionales en Santa Cruz, Tarija y Beni, después del cambio de cinco ministros y del envío al Congreso del proyecto de referendos constitucionales, postergados para el 25 de enero.

El presidente Morales tomó juramento a tres ministros que cambiaron de cartera y otros dos que sustituyeron a titulares que fueron reemplazados, como parte de un plan para acelerar, dijo, la erradicación de la extrema pobreza, garantizar la seguridad alimentaria e impulsar la inversión. El resto del gabinete fue ratificado en sus cargos, entre ellos Alfredo Rada, en Gobierno y Juan Ramón Quintana, como ministro de la Presidencia, dos de los más cuestionados por las organizaciones sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

Horas después, grupos de derecha tomaron y saquearon las principales oficinas públicas de Santa Cruz, bastión de la oposición, en un claro desafío al gobierno.

La turba encabezada por la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista (UJC) tomó Entel (empresa estatal de telecomunicación) con el fin de "entregar la administración al gobernador (prefecto, Rubén) Costas" de Santa Cruz, informó a periodistas locales el ex constituyente de derecha, Javier Limpias. El edificio fue ocupado por la turba que saqueó las instalaciones, echó por las ventanas documentos de la empresa y encendió fogatas en las inmediaciones de Entel.

Sectores de Santa Cruz exigen la restitución de los ingresos provenientes del gas a la región, recortados por el gobierno para financiar un bono para los ancianos. Además se oponen a una nueva Constitución de corte estatista que Morales intenta someter a referendo.

Previamente grupos civiles ocuparon las instalaciones de las oficinas públicas de Impuestos y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz, de donde desalojaron a la guardia de policías y militares, tras un intenso asedio.

En Tarija, empleados de la prefectura (gobernación) ocuparon la Superintendencia de Hidrocarburos de esa ciudad, encabezados por la responsable de Gestión Social, Soledad Guerra, quien ingresó a esas oficinas exigiendo la provisión de combustibles, que escasea por los propios bloqueos de rutas de opositores. En tanto, un grupo de cívicos del Chaco tarijeño cerró cuatro válvulas de paso del gasoducto a Brasil, en la comunidad Taicuasi, a 33 kilómetros de la localidad de Villamontes, en la carretera que une Tarija con Santa Cruz, lo que dificultará el envío de gas al vecino país.