El acuerdo sobre el nuevo salario mínimo logrado semanas atrás demuestra que las organizaciones sindicales y el sector empresarial, con la mirada atenta del Estado, han retomado un diálogo que, de mantenerse en esos términos, permitiría avizorar un horizonte optimista, con racionalidad y sin el facilismo de ilusiones irresponsables o desmedidas.

Y antes, los diversos convenios firmados en la primera mitad del año fueron un paso -en algunos casos importante, en otros quizás más moderado- en pos de la recuperación del poder adquisitivo que los salarios tenían años atrás.

No obstante, sería un acto de ceguera ignorar el efecto de los aumentos de los valores de los productos, especialmente los de la canasta básica, que significan siempre un golpe severo que impacta en primer lugar y con más fuerza en los haberes de los trabajadores.

Sobre este punto es necesario hacer un paréntesis para advertir que, en muchos casos, los precios han atravesado una etapa de aumento por razones mucho más tradicionales y simples de percibir que cuestiones lógicas de mercado: la voracidad e inescrupulosidad de quienes pretenden conseguir ganancias abultadas e inmediatas, en desmedro de la mayoría de la sociedad.

Por otra parte, y más allá de los debates sobre porcentajes y presuntos "techos" o "topes" en las discusiones, no hay que perder de vista otras virtudes de estas negociaciones, que mostraron también que, después del letargo impuesto por la crisis de la que se está saliendo desde hace más de un lustro, hubo un decisivo regreso a la quintaesencia de la negociación sindical-patronal.

Las paritarias tuvieron en los últimos años un desarrollo sin fisuras, donde cada parte puso de manifiesto sus pretensiones y en las cuales el sector gremial jamás resignó su facultad de apelar a acciones más severas para el reclamo, como las medidas de acción directa.

Pero no solamente trasciende el aspecto de la recuperación salarial. También hubo otros destacables avances que retrotraen a una situación quizás impensada en los años que precedieron al menos a las administraciones de Néstor Kirchner y de Cristina de Kirchner.

La virtual eliminación de los topes arbitrarios para el pago de las indemnizaciones por despido y la incorporación de los vales-canasta a los sueldos son, por poner algunos ejemplos, medidas que contribuyen a derribar un andamiaje ilegal, ilegítimo y hasta absurdo que se impuso en el escenario laboral por imperio de políticas que tuvieron un innegable sesgo antiobrero.

La elevación del tope salarial para la aplicación del Impuesto a las Ganancias (elevación del mínimo no imponible) -que en rigor entendemos debería ser superior al dispuesto, así como deben eliminarse las distorsiones creadas por la denominada "tablita" de Machinea- puede inscribirse también en la línea destinada a favorecer el poder adquisitivo de los ingresos, lo cual tiene que, innegablemente, complementarse con una actualización razonable de las asignaciones familiares.

Por cierto que hay todavía varias cuestiones fundamentales pendientes de resolución, como el necesario nuevo esquema para los accidentes laborales, donde aún está vigente una normativa que desnaturaliza el derecho de los trabajadores a percibir un resarcimiento justo en el caso de un siniestro.

Las correcciones impuestas por la Justicia en numerosos casos son prueba irrefutable de que es imprescindible ponerles fin a las desviaciones persistentes en esta materia.

Otra asignatura con signos negativos es la del trabajo no registrado, para cuya eliminación se deben sumar y multiplicar esfuerzos, ya que, si bien existen situaciones en las que puede aplicarse alguna dosis de comprensión y en las que tienen que facilitarse las herramientas para una regularización, también hay otras en las cuales el denominador común es el abuso, la explotación y un cúmulo de conductas que constituyen una violación sistemática de la ley, que hasta podría calificarse de consuetudinaria.

De todas maneras, apelando a la mirada del vaso "medio lleno", es auspiciosa la continuidad del diálogo tripartito, pero sobre todo entre los dos principales actores del mundo laboral: trabajadores y empresarios.

La reciente modificación del salario mínimo, vital y móvil, con criterios de consenso, es una muestra, vale destacarlo, de que la madurez y la racionalidad pueden por fin imponerse y resignificar la cultura política argentina.

Quizás, más allá del número, haya que rescatar en este momento esa circunstancia, cuando el país necesita de los esfuerzos conjuntos, pero sobre todo, lógicamente, de quienes más tienen.

No es poco entonces lo que se ha conseguido hasta el momento en la faz laboral, si a ello se le suma, obviamente, la creación de puestos de trabajo que hubo en los últimos años y que de a poco va permitiendo percibir que no es una utopía alcanzar la meta del pleno empleo.

Pero también es importante dejar en claro que queda mucho por recorrer, sobre todo en lo referente a la necesidad de intensificar el proceso de aumento y mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, motor imprescindible para el movimiento y desarrollo de la economía, sin que ello deba necesariamente impactar en el costo de vida, pese a que desde algunos círculos que no quieren resignar privilegios se sostenga lo contrario.

Justamente en esta cuestión hay que poner mayor énfasis en los tiempos que vienen, sin actitudes carentes de raciocinio, pero también sin bajar la guardia.

Porque, en definitiva, después de la noche que vivieron la economía y especialmente los trabajadores argentinos, con mucho esfuerzo, voluntad y coraje políticos comenzó a iluminarse nuevamente el escenario, pero siempre habrá un camino para desandar en pos de una recuperación justa y necesaria.

HÉCTOR P. RECALDE (*)

DyN

(*) Abogado laboralista, diputado nacional, profesor de la cátedra de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UBA y jefe de asesores de la CGT.