VIEDMA (AV).- La Corte Suprema resolverá un reclamo de la AFIP contra Río Negro por casi 96 millones de pesos. El organismo nacional requirió ese monto millonario por diferencias en aportes que la provincia efectúa por sus empleados.
Este conflicto de partes se trasladó a la Corte ya que la AFIP desestimó distintos recursos provinciales. La suma pretendida representa un desembolso importante para las arcas públicas: equivale a dos recaudaciones mensuales de impuestos provinciales o una masa total de salarios.
Recientemente, el máximo tribunal se declaró competente para analizar la cuestión. A fines del 2007, la AFIP formalizó la tramitación de pago contra Río Negro.
Según la propia estimación de la Contaduría General que se incluye en el escrito judicial, el requerimiento a diciembre era de 95.875.961,12 pesos. Esta evaluación -según la presentación en la Corte- no significa que Río Negro haga "reconocimiento alguno de la deuda reclamada, es decir, no se reconoce la deuda de capital, como tampoco los intereses, ni los fundamentos que dieran origen a su determinación y reclamo".
El conflicto se originó en la interpretación del Acta de transferencia de Caja (de Previsión Social) de 1996 y posteriores normas nacionales. En el 2006, la AFIP notificó sobre diferencias por esos aportes, que inicialmente estimó en 36.802.465,36 pesos. En agosto del año pasado rechazó un"planteo impugnatorio" de Río Negro, confirmando la obligación de pago.
El organismo nacional advierte que Río Negro cumplió aportes patronales por 10,17 por ciento cuando "debió haberlo hecho por el 16 por ciento". La reducción al 10,17 por ciento "únicamente era para los empleadores del sector privado", expresa la AFIP.
En su argumentación, la provincia -representada ante la Corte por el fiscal de Estado, Alberto Carosio y el delegado en Capital Federal, Carlos Alberto Pega- consideró que la Ley Nº 25.453 establece "una alícuota única del 16 por ciento que incluye las contribuciones patronales y, además, los otros tres subsistemas: asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleos y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
En el convenio de transferencia, Río Negro "únicamente asumía el pago de contribuciones para jubilaciones y pensiones. Así, la provincia "no está obligada a contribuir al subsistema" de INSSJP (Ley Nº 19.032) porque quedaron "a su cargo y costo brindar las prestaciones asistenciales a sus agentes públicos y los jubilados transferidos".
"Tampoco -insiste en su presentación- el Estado se compromete a participar en el sostenimiento del Régimen de Asignaciones Familiares, el Seguro de Salud, Obras Sociales, y Administración Nacional del Seguro de Salud y el Fondo de Desempleo". La "composición de la alícuota" del régimen para el sistema jubilatorio es de un 10,17 por ciento, "resultando claro que ése es el porcentaje que la provincia debe aportar", insisten los abogados provinciales. Se agrega que "otras provincias liquidan la contribución patronal en base a idéntica interpretación".
En el escrito, la provincia expresa que "las asignaciones familiares de los empleados públicos provinciales no son abonadas en forma directa por la Anses ni se permite al Estado provincial compensar excedentes" sino que "son abonadas directamente por las provincias con fondos propios. No habiendo prestaciones, no corresponde realizar contribuciones", concluyen.
