Dice la agencia OPI Santa Cruz: "Hay que remontarse al 2006, cuando el matrimonio encabezó una lista de afortunados adjudicatarios de terrenos fiscales a precios muy por debajo del mercado. La adjudicación la hizo -sin que mediara la licitación que exigía la ley- el entonces intendente de la ciudad, un conocido aliado de Kirchner".

OPI -uno de los escasos medios independientes en la provincia- sostiene que "el reparto de tierras baratas también favoreció a decenas de parientes y amigos del matrimonio presidencial, varios de los cuales compraron a 7,50 pesos argentinos por metro cuadrado y pocos días después revendieron en hasta 120. En su momento, y a pesar de los buenos réditos que prometía la compra, Kirchner solicitó a las autoridades de El Calafate un plan de pagos para no tener que saldar la compra al contado.

Ayer "La Nación" editorializa sobre el tema y critica los "manejos feudales" en Santa Cruz.

Puntualiza que "el excelente negocio del ex presidente requirió una serie de pasos previos, y quien los dio a partir de 2004 fue el entonces intendente de El Calafate, Néstor Méndez, amigo de Kirchner. Aquel año, Méndez cedió las tierras del viejo aeropuerto a la Fuerza Aérea, que las ocupaba desde hacía dos décadas, pero no las había escriturado. Pero extrañamente, al año siguiente, la Fuerza Aérea cedió los terrenos a la provincia de Santa Cruz y a El Calafate, el mismo municipio que se los había entregado".

"Luego -añade el matutino- Méndez vendió parcelas del terreno, sin licitación, a Kirchner y a otros funcionarios y dirigentes provinciales y a allegados a éstos, pero a precios notablemente inferiores a los del mercado. Tras dejar la intendencia, Méndez juró como diputado santacruceño".

Recuerda que en marzo pasado, el abogado radical Álvaro de Lamadrid, vecino de El Calafate, presentó una denuncia ante la justicia provincial por la venta presuntamente irregular de los terrenos, que sumaban más de 30.000 metros cuadrados. Lamadrid pidió que se investigara a Méndez por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y defraudación agravada contra el Estado.

Sin embargo -dice "La Nación"- la causa, que recayó en el juez Carlos Narvarte, de El Calafate, tiene por fiscal nada menos que a Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social y hermana del ex presidente. La fiscal, que, por lo tanto, es sobrina de Kirchner, debería haberse apartado".