NEUQUÉN (AN)- La secretaría municipal de Gobierno inició demandas penales por "defraudación al Estado" a las personas que se niegan a restituir las viviendas institucionales ubicadas en el barrio Alta Barda, incluido el juez de Cámara Federico Gigena Basombrío.

En forma paralela continúan las intimaciones y acciones civiles para el desalojo de estos inmuebles. "Queremos dar una señal a la comunidad de que la ley es pareja para todos, que no hay hijos y entenados", explicó el secretario de Gobierno, Mariano Mansilla. El funcionario aclaró que "hay más viviendas en trámite de recupero", por ejemplo la localizada en Parque Norte, para lo cual ya se iniciaron los trámites administrativos.

De 13 chalet en Alta Barda de propiedad municipal, el gobierno local reclama la restitución de cuatro que se encuentran desde hace años en cesión a funcionarios y particulares.

"Además de las intimaciones y acciones civiles para el desalojo, los estamos denunciando penalmente porque fueron debidamente notificados y pese a ello se niegan a devolver las viviendas, con lo cual están cometiendo el delito de "retención indebida", explicó el secretario de Gobierno. Entre las razones aducidas por los ocupantes "la más asombrosa fue la del juez Gigena Basombrío, que adujo que la entrega de la propiedad puede entorpecer la independencia del Poder Judicial", citó.

El camarista "cobra alrededor de 16.000 pesos en honorarios y ha percibido un retroactivo por indemnización

de unos 400.000 pesos, de lo que se descuenta que tiene posibilidades de tener una casa propia", agregó el funcionario. De acuerdo a un informe sobre la situación en que se encuentran las viviendas institucionales, el municipio no tiene antecedentes de que haya adjudicado el inmueble al juez o a la provincia. Sin embargo, "de gestiones realizadas en provincia -dice el documento- se informó que por decreto número 116 del 3 de septiembre de 1992 el presidente del Tribunal Superior de Justicia autoriza al nombrado (por Gigena Basombrío) a continuar ocupando la vivienda". En las últimas semanas el Ejecutivo intimó a devolver las casas 437, 436 y 439 de Alta Barda.

En las restantes viviendas institucionales, algunas "rescatadas" recientemente, funcionan dos áreas dependientes de la secretaría de Gobierno, la Asociación Orientación para la Joven; el albergue municipal Emi-Ruca; la Asociación Lihue; la comisión vecinal de los barrios Alta Barda y Gamma; una delegación del ISSN; el archivo de la secretaría electoral como depósito de urnas; y una cooperadora.