VIEDMA (AV)- "Juan Lafosse. Feliz Cumple. Gracias por tu aporte a la discapacidad. Tus compañeros". Un gran cartel con esta leyenda en el ingreso al Consejo Provincial del Discapacitado aquí en Viedma llamó la atención. En realidad, al margen de las felicitaciones, este mensaje encierra una despedida afectuosa no sólo para quien cumplía años sino para varios profesionales de este organismo.

Al parecer desde un tiempo a esta parte son varios los profesionales que dejaron el Consejo, cansados de reclamar una regularización salarial como el resto de los estatales. La mayoría de médicos, psicólogos, asistentes sociales y terapistas ocupacionales que cumplen allí funciones cobraron durante un par de años una beca -entre 1.000 y 1.200 pesos sin aportes ni obra social- que con el tiempo se trasformó en contrato a través de la denominada resolución 115, algo así como una beca blanqueada con aporte jubilatorio y obra social, que se renueva anualmente.

No obstante el Consejo del Discapacitado mantiene personal administrativo con pagos en becas por 300 pesos que cumplen la misma carga horaria y responsabilidad que la planta permanente y más aún, cuatro discapacitados con ese tipo de contratos, incumpliendo la Ley que impone el ingreso al mercado laboral de personas con discapacidad bajo cumplimiento de todos los requisitos, es decir en blanco y no en negro como sería en este caso.

En Río Negro funcionan cinco juntas provinciales -Viedma, Bariloche, Cipolletti, Regina y Beltrán- encargadas de evaluar a las personas con discapacidad para entregarles los respectivos certificados, cuerpos estos integrados por un psicólogo, asistente social y médico. Para ello los profesiones previamente recibieron capacitación nacional. La mayoría de ellos trabajan bajo esa misma figura de contrato, según confirmó a este medio la asistente social Graciela Peralta.

Con el tiempo se sumaron otros ingredientes que habrían eclosionado con el apartamiento de Juan Lafosse, un profesional reconocido y respetado por sus pares. Por criterios laborales habría protagonizado una discusión con otra profesional quien lo habría denunciado ante los directivos, generando luego este alejamiento y el significativo cartel que ayer llamó la atención en el edificio público aledaño a la Casa de Gobierno.

El alejamiento de algunos profesionales habría generado un notable retraso en las evaluaciones y entrega de certificados por discapacidad que permite el acceso a una serie de beneficios como el 100% de reconocimiento de las obras sociales para la rehabilitación, pago cuádruple de asignaciones familiares, licencias de maternidad por un año, descuentos en el pago de servicios, en el transporte y rentas, así como el acceso a una vivienda, situaciones éstas de imposible cumplimiento sin el respectivo certificado.

Un grupo de profesionales elevó nuevamente una nota al ministro de Familia, Alfredo Pega, de quien depende el Consejo del Discapacitado con copia al gobernador planteando esta situación con la intención de lograr una solución para los que no tienen otra opción que continuar por una necesidad laboral .