VIEDMA (AV)- La recaudación provincial a cargo de la Dirección General de Rentas trepó a un total de 50.829.878,15 pesos durante agosto pasado, significando una evolución del 6,5% respecto al mes anterior.

El Ministerio de Hacienda informó que este monto se compone de 1.823.947,75 pesos en concepto de ingresos por el impuesto Inmobiliario, un total de 4.352.419,83 pesos por el de Sellos, otros 8.683.961,95 por Ingresos Brutos Directos y 29.537.113,67 pesos por convenios multilateral de créditos en relación a ese gravamen.

Ingresaron 5.565.996,19 pesos por el impuesto al Automotor y 866.438,76 pesos por otros conceptos.

Con esta facturación efectiva lo recaudado en los primeros ocho meses del año alcanza a la suma de 390.585.666,16 pesos.

Comparando agosto de este año con el mismo mes del año anterior, existe una diferencia positiva de poco más de 12.295.000 pesos. Esto implica una evolución del 31,91% y cotejando con el mes de julio pasado, la recaudación aumentó en algo más 3.100.000, lo que resulta en un 6,51% más.

Las cifras aparecieron en el momento que el área de Rentas que conduce José Luis Giorgis, estudia la ampliación de un mecanismo de regularización impositiva para deudores planteándose otra herramienta a fin de mantener su crecimiento de la recaudación propia.

El Poder Ejecutivo provincial ya envió a tratamiento legislativo un proyecto que plantea la extensión de la fecha de corte para incorporarse a un programa de pago especial de las deudas tributarias, que ofrece bajas en multas y de intereses, previéndose cuotas de dos a diez años.

Rentas continúa con su aumento en los ingresos por los impuestos provinciales, pero sólo empuja esa tendencia Ingresos Brutos por las subas de precios y por la actividad económica.

Según se supo, la carta de Hacienda pretendía mejor perfomance de los otros tributos, como Inmobiliario al implementarse este año un reacomodamiento de la valuación fiscal.

Desde el año pasado, Rentas viene aplicando un esquema de regularización de las deudas para contribuyentes con fiscalización administrativa o juicio de apremio judicial.

El nuevo régimen propuesto -que será tratado en la sesión legislativa del 11 de setiembre- modifica plazos y se buscan más potenciales contribuyentes.