VISTA ALEGRE (ACE).- Con el ataque como estrategia de defensa, el intendente Marcelo Pieroni pasó a la ofensiva y se presentó en la Justicia para que se investigue si malversó dinero (se habla de una cifra cercana al millón de pesos) que debió ingresar al municipio para el pago de sueldos.

La acusación pertenece a un grupo de empleados municipales que además solicitaron su destitución en el Deliberante, con el argumento de que desde 2005 Pieroni recibió más de un millón de pesos en diferentes decretos para aumentos salariales, y nunca fueron afectados para los aumentos de sueldos.

Pieroni convocó a una conferencia de prensa porque se presentó en la Justicia e informó que la causa está bajo la investigación de la fiscalía de delitos contra la administración pública.

"Acuso para vindicarme bajo pena de destitución", dijo ampulosamente ayer el jefe comunal, parafraseando al código penal.

Agregó que los 23 empleados que le enrostraron "graves irregularidades" y que realizaron una presentación después en el Deliberante por no haberles incrementado el sueldo con el dinero supuestamente remitido desde la provincia, serán demandados si al término de la investigación es absuelto.

"Lo único que hacen es demandar mediáticamente, tienen que ir a la Justicia, como no lo hicieron, nos obliga a presentarnos para que se nos investigue", dijo Pieroni.

El jefe comunal aseguró que el municipio adhirió a la ley de remuneraciones de la provincia, pero no a los decretos reglamentarios del 2005 - 2006 y sucesivos que establecieron los aumentos.

Dijo que la no adhesión se debió a una decisión de autonomía municipal, por carecer de fondos para los aumentos que la provincia les dio a sus empleados.

Se informó además de una extraña situación con un decreto por 300.000 pesos librados por la administración de Jorge Sobisch el 7 de diciembre pasado, que nunca llegó a la comuna.

"El decreto no fue contabilizado y por cierre de ejercicio, no puede ser contabilizado", fue la explicación sobre el no ingreso del dinero.

Pieroni dijo que no se sabía de ese decreto hasta que fue esgrimido por los municipales en conflicto, y que al pedir explicaciones, esa fue la respuesta que le llegó desde el ministerio de desarrollo territorial.