BUENOS AIRES (DyN/ Télam) - La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que encabeza un opositor, analizará la semana próxima el proyecto de ley de movilidad de los haberes jubilatorios, aprobado anoche por Diputados, pese a que los legisladores oficialistas impidieron con su ausencia desde mediados del 2006 que trece iniciativas sobre el tema presentadas por senadores opositores fueran tratadas en el recinto.

La comisión de Trabajo y Previsión Social, que es presidida por el titular del radicalismo, Gerardo Morales, comenzará a analizar la semana próxima, junto a la Presupuesto y Hacienda, que dirige el oficialista Fabián Ríos, el texto que recibió sanción de la cámara baja, durante un debate de nueve horas, en el que introdujo cambios al proyecto oficial remitido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El oficialismo, con algunos de sus habituales aliados consiguió 140 votos afirmativos en la madrugada de ayer para el proyecto, que reestablece los aumentos en los haberes previsionales en forma semestral y que busca vincular al índice salarial la actualización de ese sistema. Tras la modificación a la fórmula para calcular la movilidad, el oficialismo logró que Encuentro Popular, de Ariel Basteiro; el Frente Cívico de Santiago, y el Frente de Todos de Corrientes se encolumnarán detrás del proyecto.

Pasadas las 3.30, se sometió a votación la iniciativa que tuvo 78 votos en contra, oposición encabezada la UCR, la Coalición Cívica, el Socialismo, el SI y el PRO, que habían presentado un dictamen de minoría.

Al defender el proyecto, el titular de la comisión de Previsión de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Díaz Roig, destacó en el recinto que los jubilados recibieron "11 aumentos" de haberes desde el 2003 y dijo que el Ejecutivo "puede mejorar pero nunca más va a poder disminuir el ingreso de los jubilados". "Nuestros abuelos tienen que estar tranquilos con la CGT y la CTA acompañando a los jubilados y, por sobre todas las cosas, garantizándole la Presidenta, el Congreso y las centrales de trabajadores una Ley de Movilidad para siempre ", señaló Massa.

Desde la oposición, el diputado radical Juan Acuña Kunz, rechazó las modificaciones introducidas al proyecto, al sostener que "no va a solucionar problemas que tienen nuestros abuelos porque la variación anual que estima el gobierno, entre un 11 y 12 por ciento esta por debajo del nivel de inflación". En tanto, la diputada del SI, María América González, -una de las más críticas del proyecto oficial- sostuvo que "cuando no se dice toda la verdad se miente".

Las modificaciones a las jubilaciones se originaron luego de que la Corte Suprema dictara un fallo el 8 de agosto del 2006, que ordenó al Congreso que "en un plazo razonable" apruebe un mecanismo por el cual se ajusten periódicamente los haberes de los jubilados, porque "la movilidad está garantizada por la Constitución nacional".

El pronunciamiento del Tribunal, que fue conocido como "el caso Badaro", llevaba la firma de siete ministros de la Corte y sostuvo que pese a que la llamada "ley de solidaridad previsional" dispuso en 1995 que el Congreso debía actualizar las jubilaciones, los legisladores omitieron hacerlo en sucesivas leyes de presupuesto.

Las fuentes parlamentarias expresaron que los problemas surgieron cuando comenzaron a llegar los proyectos de senadores opositores que argumentaban que los aumentos debían ser instrumentados mediante un sistema automático que evitara que el Poder Ejecutivo dispusiera a su voluntad el momento y el monto de los incrementos.

La comisión de Trabajo y Previsión, integrada por quince miembros, es presidida por el radical Gerardo Morales y compuesta por nueve oficialistas. Por su parte, la comisión de Presupuesto, que dirige Ríos, tiene también una mayoría de ocho oficialistas, sobre un total de quince.

En tanto el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Pablo Micheli calificó como "un paso atrás" el proyecto aprobado en Diputados y aseguró que la iniciativa "no recupera el 82% móvil".