El Senado sesionaba este mediodía para tratar el proyecto de reestatización de Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral, que si bien cuenta con el apoyo de la mayoría del bloque oficialista, cosecha fuertes críticas de la oposición ante la eventualidad de que el Estado termine asumiendo el pasivo que deja Marsans, su antiguo operador.

El presidente de la comisión de Infraestructura, Eric Calcagno (FPV), miembro informante del oficialismo, aconsejó aprobar el proyecto, porque "es el instrumento necesario para darle al Gobierno una herramienta de reincluisión de Aerolíneas en un proyecto industrial", opinó.

Tras hacer una síntesis histórica del proceso de privatización iniciado en los 90, Calcagno aseguró que la propuesta que defiende el oficialismo "impide que se interrumpa y destruya el servicio aerocomercial en la Argentina", tras la retirada de Marsans del gerenciamiento de las aerolíneas.

El senador también mencionó la función social y de integración territorial de implica mantener el servicio aercomercial, pero destacó también el rédito económico que reporta al país a través de la oferta turística y de transporte de cargas, que, dijo, "es un negocio que no está explotado".

Luego tomó la palabra el senador radical Gerardo Morales, quien marcó la posición contraria al proyecto, en tanto advirtió que "lo que el Grupo Marsans nos tira en la cara es una empresa quebrada". Si bien afirmó compartir los objetivos expresados por el Poder Ejecutivo en cuanto al "rescate" de las aerolíneas, remarcó su rechazo a que el Estado se haga cargo del pasivo de las empresas, en principio estimado en 890 millones de dólares, en una situación de "vaciamiento", que adjudicó al antiguo operador.

Además, no dudó en considerar que el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, es responsable "de haber acompañado y convalidado el vaciamiento que ha realizado Marsans en Aerolíneas Argentinas y Austral". Le salió al cruce el senador oficialista Nicolás Fernández, quien apuntó que en la negociación que encaró en 2001 el gobierno de la Alianza –y en la que recordó la participación de la entonces funcionaria Patricia Bullrich- se permitió "que el Estado español se deshiciera de su responsabilidad" en AA y se permitiese el ingreso de Marsans, que hasta entonces actuaba como operador hotelero y turístico.

Fernández sostuvo que esa comisión que viajó a Madrid "negoció muy mal, pésimamente mal" y con eso, acusó, "perdimos definitivamente la línea de bandera". Morales retomó la palabra e insistió con la necesidad de rechazar explícitamente el acta acuerdo firmado por Jaime con el Grupo Marsans, el 17 de julio pasado, para que el Estado no quede sujeto a un modelo de valuación por flujos de caja que, según insistió, tiende a beneficiar al empresario privado.

El senador pronosticó que ante el posible fracaso de la negociación, el Poder Ejecutivo "va a terminar enviando la expropiación" de AA al Congreso "en las peores condiciones", y el pueblo argentino tendrá que "pagar los platos rotos" y asumir el pasivo que dejan los españoles. El oficialismo promueve la sanción sin modificaciones del proyecto que le giró la Cámara de Diputados, pero sectores de la oposición cuestionen que siga en vigencia el acta-acuerdo, que contiene un esquema para el traspaso de las acciones de la empresa al Estado.

El texto que se supone convertirá en ley la mayoría del Senado establece que el tribunal de Tasación de la Nación deberá realizar las valuaciones al 1 de julio de 2008, cuyo precio final será sometido a la aprobación del Congreso nacional. A su vez, en otro de sus artículos se autoriza la entrega de 10 por ciento del paquete accionario a los empleados de ambas compañías aéreas y se habilita al PEN a cubrir las necesidades financieras de ambas firmas hasta el 31 de diciembre de 2008.

La cámara baja le introdujo, además, una claúsula para que en ningún caso el Estado ceda la mayoría accionaria, la decisión estratégica y el derecho de veto. Por el lado de la oposición, el bloque radical y la Coalición Cívica firmaron un dictamen alternativo donde se propone la creación de una compañía que se denominará Nueva Aerolíneas Argentinas, con cien por ciento de aportes estatales, la totalidad de los empleados actuales y de las concesiones y licencias, y reclama la expropiación de todos los activos.

El socialista Rubén Giustiniani propuso en nombre de su monobloque la expropiación de las empresas y la constitución de una comisión investigadora, mientras los radicales K Pablo Verani y María Dora Sánchez impulsan una iniciativa que en muchos puntos coincide con la del oficialismo.

FUENTE: DyN