VIEDMA (AV)- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, pidió al fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, que analice pormenorizadamente los costos de las unidades alimentarias y la relación existente entre los productos que provee la empresa Flavors & CIA S.A con otros de similares características pero que correspondan a primeras marcas de cada rubro.

La defensora solicitó que se sirva requerir a un proveedor mayorista presupuesto de los productos.

También consideró Piccinini "que sería prudente adicionarle el costo de un transporte razonable hacia el interior de la provincia, teniendo en miras que nos encontramos frente a productos no perecederos, los cuales pueden ser enviados en grandes partidas a cada lugar de destino y acumularse allí".

En el escrito presentado ayer al fiscal, la funcionaria consideró necesario que se compare la cantidad de raciones provistas anualmente según pliego analizado y sus prórrogas; respecto de los días de clases efectivamente ocurridos; y de no ser posible tome los 360 (dos años) previstos como objetivo de máxima.

Piccinini sugirió que evalúe la eventual direccionalidad del objeto de la licitación, toda vez que en casi diez años solo fue la empresa Masily SA y/o la UTE la que ganó las sucesivas convocatorias sin otra empresa que cotice por los mismos.

Concluyó Piccinini que "dada la gravedad de los hechos que son de público y notorio conocimiento sobre el particular, solicito se pronuncie dentro de su competencia respecto de la correspondencia de la eventual Suspensión del Registro de Proveedores de la provincia, lo cual fuera oportunamente recomendado a las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial por esta Defensora del Pueblo y aún no resuelto".