NEUQUÉN (AN)- El concurso para cubrir los tres cargos de juez de la Cámara de San Martín de los Andes ya es el más largo en la corta historia del Consejo de la Magistratura, y el más polémico. Ayer fracasó la reunión para establecer el orden de mérito definitivo, y se pasó para mañana. Ese día los consejeros resolverán qué hacen con las impugnaciones que presentaron cinco de los siete candidatos.
Justo ayer hubo también, en otro ámbito, una reunión para impulsar una enmienda constitucional destinada a reformar el Consejo de la Magistratura, de la que participaron diputados, magistrados, abogados y ex vocales del TSJ.
El concurso para la Cámara de San Martín fue convocado en marzo pasado y todavía está sin resolver. Luego de la evaluación de antecedentes, de los exámenes oral y escrito y de las entrevistas personales (en las que tres postulantes fueron calificados con "cero" por el consejero Gustavo Olivera) el orden de mérito quedó encabezado por María Julia Barrese, Andrés Arla y Juan Gago.
Pero cinco candidatos impugnaron ese resultado final, y los consejeros aún no se ponen de acuerdo sobre la resolución definitiva. Ayer trascendió que volverán a reunirse el jueves, ya al límite del plazo legal para expedirse. Cuando arriben a una conclusión, los pliegos de los tres ganadores serán remitidos a la Legislatura a la espera del respectivo acuerdo que exige la Constitución. Recién entonces los nuevos jueces podrán asumir.
La reunión para impulsar una posible enmienda a la Constitución provincial con el objetivo de reformar el Consejo de la Magistratura se realizó por la tarde organizada por la ong Convocatoria Neuquina. Participaron los diputados Ariel Kogan (Concertación), Paula Sánchez, Soledad Martínez (Alternativa); el presidente del Colegio de Abogados, Roberto Rodríguez Bello; la fiscal María Dolores Finochietti por la Asociación de Magistrados; Edgardo Cherbavaz por el gremio Sejun y los ex vocales del TSJ Marcelo Otharán y Rodolfo Medrano, entre otros.
Salvo Rodríguez Bello, que defendió el actual Consejo y sólo propuso retoques de forma, el resto de los participantes de la reunión coincidió en que debe encararse una modificación de fondo en el mecanismo.
Pero como la búsqueda de consensos llevará tiempo, evaluaron una opción propuesta por Kogan: modificar la ley reglamentaria, para lo cual no es necesaria una enmienda constitucional (que luego debe ser ratificada por el voto popular en un referéndum).
Las principales críticas fueron a la integración y al sistema de evaluación. En el primero de los aspectos, hubo coincidencias en que la Asociación de Magistrados debe estar representada y discrepancias sobre la presencia de consejeros populares elegidos por el voto.
En cuanto a la evaluación, se cuestionó la discrecionalidad que tienen los actuales consejeros para otorgar puntajes, con hincapié en los ceros que han recibido algunos postulantes como calificación de la entrevista personal que está prevista en los procedimientos.
