Una orden de la jueza federal con jurisdicción en Gualeguaychú permitió el paso de un ciudadano argentino a través del piquete instalado por los ambientalistas para impedir el tránsito por el puente internacional que une esa ciudad con Uruguay. Según los ambientalistas, que cumplieron a regañadientes la decisión judicial, la medida que mantienen desde hace más de un año "es ilegal, pero legítima". Una tesis peculiar, que no resiste el menor embate desde un amplio enfoque jurídico y político.

La legalidad hace referencia a la existencia de una ley dictada con todos los recaudos formales por una institución, que como el Parlamento, está investida de este poder por la Constitución. La legitimidad, en cambio, está vinculada con el grado en que la ley alcanza reconocimiento general, por ser considerada por la mayoría de los ciudadanos como justa y proporcional. Es un concepto inasible y subjetivo, puesto que, salvo por el sistema de encuestas, resulta difícil conocer las opiniones de una inmensa masa de ciudadanos.

Las leyes dictadas por el Parlamento deben ser consideradas como restricciones que definen los límites en los que pueden moverse los integrantes de una comunidad. Al establecer un sistema de prohibiciones y sanciones, se fomenta la cooperación social y se castigan los comportamientos antisociales. Son, por consiguiente, la expresión máxima del grado de solidaridad que puede alcanzar una sociedad.

En general, los individuos al actuar en libertad intentan maximizar sus beneficios individuales, atendiendo a su interés particular. Este comportamiento puede entrar en conflicto con las normas generales que buscan maximizar el bienestar social, considerando las necesidades colectivas. En esta disputa de intereses, las leyes proporcionan reglas aceptadas por todos que evitan los choques y establecen la dirección adecuada de las conductas individuales.

La pretensión de oponer la falta de legitimidad de una norma para justificar su incumplimiento ha sido patrimonio común tanto de la izquierda como de la derecha en la Argentina. Los evasores fiscales de derecha -aunque también los hay de izquierda- se amparan en la supuesta falta de legitimidad de las leyes impositivas para no cumplirlas. Argumentos como la elevada presión impositiva, el que "nadie cumple", o que esos recursos alimentan el clientelismo son justificaciones habituales para legitimar, frente a la propia conciencia moral, el fraude fiscal.

Desde la "izquierda" se vienen utilizando prácticas ilegales como el corte de puentes internacionales, los escraches, la invasión de los espacios públicos con manifestaciones no autorizadas o el bloqueo de centros de trabajo para forzar el pago de cuotas sindicales. Son todas conductas anómicas justificadas desde la legitimidad que, supuestamente, otorga la defensa de valores considerados superiores por los propios protagonistas.

Basta pensar que si todos los individuos procedieran del mismo modo, es decir que el cumplimiento de las leyes dictadas por el Parlamento quedara sometido a un segundo test individual de legitimidad, nos encontraríamos pronto inmersos en la ley de la selva. No habría sociedad que resistiera unida frente a semejante panorama y en el extremo las personas terminarían armadas en la defensa de su interés legítimo.

El incumplimiento de la ley basado en la atribución de falta de legitimidad es la expresión máxima de individualismo egoísta, en virtud del cual un grupo de iluminados se autoconfieren el derecho a elegir cuáles leyes cumplen y cuáles dejan de cumplir. Es curioso que esta forma de razonar sea habitual en personas que luego manifiestan una decidida preferencia por el socialismo. Hugues-Félicité de Lamennais, un filósofo católico de ideas liberales del siglo XIX, ya advirtió tempranamente que la ley sirve para proteger al débil y poner límites a la fuerza de los poderosos.

ALEARDO F. LARÍA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Abogado y periodista