Abrumado, el matrimonio presidencial deshoja por estas horas una nueva margarita en El Calafate, ya que después del corto veranito que había conseguido unos días atrás debido a un inocuo cambio de maquillaje volvió a aparecer el vendaval de la incertidumbre, que se llevó puesta tanta pulcritud ante la falta de señales más concretas que la simple reconstrucción del andamiaje.
Los Kirchner han vuelto a sentir durante la última semana cómo cruje el piso debajo de los pies, ya que tuvieron que convivir con señales externas de España y de los Estados Unidos, misiles que les llegaron desde el mundo del narcotráfico, vía la financiación de la campaña, desajustes notorios en el discurso económico entre funcionarios de primer nivel, el papelón por la falta de control sobre Aerolíneas Argentinas, luces amarillas en relación al futuro de algunas leyes y declaraciones venenosas de Eduardo Duhalde y los opositores, pero sobre todo de los aliados de la CGT y de varios grupos empresarios, hasta ahora más que afines al gobierno, que han comenzado a recoger el barrilete.
La presidenta los ha llamado "obstáculos" y dicen en la Casa Rosada que no se van a explicitar medidas hasta saltarlos, como ocurrió en el caso del campo, para no tener que actuar contra presión. Pero así son las crisis: hay cada vez menor paciencia por parte de quienes olfatean la debilidad y por eso aparecen las dificultades una detrás de otra y, si no hay respuestas, se multiplican las exigencias, en una dinámica que crece sin parar, situación que a la vez sigue debilitando a quien debe saltar las vallas y que, debido a la alta la concentración de poder, afecta a pocos.
No es difícil conjeturar que Néstor y Cristina deben creer que todos los palos y las múltiples menciones negativas que han recibido durante los últimos días y los que amenazan caerles a partir del martes, cuando comience en Miami el juicio al venezolano Antonini Wilson, son parte de un plan perfectamente orquestado por sus enemigos para terminar con ellos, debido a su compromiso con los derechos humanos o quizás con la acción equilibradora del Estado.
Sin embargo y pese a que no todos los actores pretenden la misma solución, también desde una visión tan conspirativa como la que se percibe en el núcleo duro del poder, se podría especular, probablemente de modo más certero, que las motivaciones de tantas pullas tienen más que ver con una decisión generalizada que los obligue a cambiar de raíz un modelo económico inflacionario y divorciado del resto del mundo, que subsiste porque falsifica las estadísticas, no le paga a los proveedores del Estado y va más para atrás que para adelante.
En este aspecto, al discurso oficial que esgrimió el jefe de Gabinete, Sergio Massa, sobre la fortaleza económica le faltan un par de patas para cerrar el análisis. "Díganme ustedes, si no supieran de quién se trata, si no invertirían en un país con estos números", desafió Massa al periodismo sin considerar las expectativas negativas que suscitan quienes manejan la economía, sin planes ni anclajes con los países más confiables. En general, en el exterior se cree que la Argentina puede pagar la deuda, aunque a la vez no se cree que sus autoridades quieran pagarla.
Todos estos desajustes, más la vuelta a la belicosidad de la gente del campo, cansada de las dilaciones oficiales, han dado caldo de cultivo a los mercados para cerrar un agosto horroroso, con una permanente suba del riesgo país, degradación de las calificaciones y hasta con el miedo del Banco de España y su recomendación para que su país, hoy con graves dificultades económicas, baje su exposición con la Argentina.
El informe español, que fue considerado de inmediato por la presidenta casi como una afrenta inspirada en cierta presión por Aerolíneas Argentinas, ha sido en verdad el ejercicio teórico de dos aplicados economistas, casi como un juego de guerra en una mesa de arena.
Las airadas manifestaciones de Cristina sobre el episodio, que explotaron en la prensa española al día siguiente de pronunciadas, se hicieron oír un mes y medio antes de tener que viajar a ese país, adonde llegará con la mochila de la prohibición impuesta a Radio Continental (grupo Prisa) y con el vidrioso caso Marsans probablemente sin resolver.
En este problema, el avance del tratamiento legislativo ha dejado en claro el desmanejo que hubo por parte de los funcionarios gubernamentales a la hora de representar al Estado durante los últimos cinco años. Hoy, ese mismo Estado que no supo controlar y que le entregó a Marsans el acta acuerdo firmada por un secretario y un ministro, un documento con moño y todo que le dará la oportunidad de litigar contra el país, se hará cargo alegremente de operar la compañía, tal como saldrá del Congreso la ley. Mientras Silvio Berlusconi está resolviendo el caso Alitalia con achicamiento de estructuras y aportes privados casi compulsivos, en la Argentina y a partir de la reestatización de Aerolíneas y Austral, el Estado será dueño de cuatro empresas aerocomerciales, ya que a ambas se suma LADE y además Lafsa, una compañía a la que mandó a volar un día Néstor Kirchner apelando a la soberanía y que hoy tiene personal a cargo de los contribuyentes, pero no aviones ni rutas, demostración de que el Estado no está preparado para manejos de este calibre.
Otro frente externo, al menos desde la presión, se ha abierto con los Estados Unidos, aunque disimulado por el lenguaje diplomático y afable del encargado regional dentro del Departamento de Estado, Thomas Shannon. Un analista que conoce muy bien el entramado de las relaciones bilaterales invitó a darle una doble lectura a ciertas frases de Shannon, por ejemplo: "Hay que tener paciencia estratégica", referida a que las relaciones entre los países siempre trascienden a los gobiernos, pero que dirigida a los empresarios sonó algo así como: "Aguanten que falta menos".
Otra frase del visitante fue: "Es importante al gobernar tener la capacidad para cambiar", lo que para el analista ha tenido un solo destinatario: el gobierno argentino. Sin embargo, fueron aún más urticantes las palabras del embajador Earl Anthony Wayne sobre el consumo de drogas en la Argentina, quizás para que tome nota el ministro Aníbal Fernández.
El gobierno está en una encrucijada y no habla de medidas ante los obstáculos que se presentan.
HUGO E. GRIMALDI
DyN