El Senado aprobó esta noche y convirtió en ley el proyecto de reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, con el apoyo de 46 votos del oficialismo y apoyos de algunos legisladores de otros partidos políticos.
Tras deliberaciones que duraron más de 11 horas, en las que se expresaron 32 legisladores, de un total de 67 presentes en el recinto, el oficialismo consiguió reunir 46 sufragios contra 21 de la oposición.
La iniciativa contempla que el Estado comprará las acciones de las empresas Aerolíneas Argentina, Austral y sus controladas Optar SA, Jet Paq SA y Aero Handling SA. También establece que el tribunal de Tasación de la Nación deberá realizar valuaciones al 1 de julio de 2008, cuyo precio final será sometido a la aprobación del Congreso nacional y además habilita al PEN a cubrir las necesidades financieras de ambas firmas hasta el 31 de diciembre de 2008.
El oficialismo promovió la sanción sin modificaciones del proyecto que le giró la Cámara de Diputados, pero sectores de la oposición cuestionaron que siga en vigencia el acta-acuerdo, que contiene un esquema para el traspaso de las acciones de la empresa al Estado.
Los oradores coincidieron en señalar que los problemas se iniciaron con la privatización decidida en el año 1990, y sin embargo nadie citó en ninguna oportunidad al ex presidente Carlos Menem, quien hoy es senador, pese a que no se hizo presente al debate y sólo una legisladores aludió que el mismo bloque que hoy promueve la reestatización, entonces se convirtió en un núcleo decisivo para la traspaso a manos privadas.
El titular de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, acusó a la oposición de tener "políticas destructivas" y de actuar con "carencia de sustentabilidad en los aportes: No tienen ideas serias y responsables para mantener el servicio aéreo".
A su vez, el presidente del bloque radical, Ernesto Sanz, resaltó que existen "acuerdos fundamentales entre el oficialismo y la oposición para tratar el tema, a diferencia del proceso de privatización de los años '90, cuando se produjeron fuertes divisiones en las dos cámaras". Afirmó que "lo peor" del proyecto oficial es "el método de evaluación contenido en el acta-acuerdo" junto a la forma de cálculo según "el flujo de fondos a futuros" y sostuvo que "el acta favorece groseramente" a la empresa española y criticó además con dureza el secretario Ricardo Jaime.
Fuente: DyN.
