NEUQUÉN (AN).- El gobierno provincial comenzará lo que podría ser una larga ronda de encuentros con los gremios estatales para discutir salarios.

Hoy, el ministro de Gobierno, Educación y Cultura, Jorge Tobares, recibirá a la conducción del sindicato docente, ATEN, cuyo plenario de secretarios generales votó a favor de solicitar una suba del 45%, para contrarrestar el crecimiento de la inflación en esta provincia. Según informó el sindicato, la reunión será a las 17, en la Gobernación.

Los docentes terminarán de recibir este mes la última cuota del incremento escalonado que acordaron ambas partes en abril pasado, que posibilitó que no hubiera paros, en un inusual comienzo de ciclo lectivo para lo que habían sido los años precedentes.

Ayer por la tarde los maestros no habían confirmado el horario. Pero el jueves a última hora recibieron una nota que los convocaba para hoy.

Además de un aumento en los sueldos, reclamarán otro en las asignaciones familiares, y alguna variable que permita atenuar el impacto del impuestos a las Ganancias en los maestros con más antigüedad.

Al margen de los docentes, ATE, UPCN y el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública, esperan nuevas recomposiciones.

Hay sectores, como el de los hospitales, que lo vienen reclamando desde principios de año. En ese entonces los sindicatos señalaron que la suba concedida por el Estado, impediría el constante éxodo del personal de los hospitales, que encuentra mejores condiciones salariales en clínicas privadas.

Sapag decidió recomponer los salarios de funcionarios, y el suyo. Los gremios consideraron ayer que la suba se ajusta a las necesidades pero que ahora la provincia debía mostrarse dispuesta a negociar una mejora para el resto del personal.

Tanto el ministro Tobares como la titular de Hacienda, Esther Ruiz, señalaron que hace falta mejorar los ingresos provinciales para encarar estos debates, y subrayaron la postura de mantener un "equilibrio" presupuestario.

La provincia está en medio de una discusión por la extensión de los contratos petroleros con las firmas que operan en la región. Los montos que resulten de allí podrían destinarse a costear la presión salarial ejercida por los sindicatos de todo el ámbito público.

Esta discusión tiene subyacente otra: la de la constitucionalidad de la extensión de los contratos, que plantean sectores de la oposición pese a que una vez que llegue a la Cámara de Diputados, la mayoría del arco opositor prestarían su apoyo para la aprobarlo.